La ideología de la asamblea constituyente

Cuando las corrientes colectivistas y comunistas proponen una asamblea constituyente como la fórmula mágica para solucionar todos los problemas acumulados del país no suelen mencionar que, si se instalará un organismo de ese tipo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo se convertirían en instituciones líquidas. Es decir, que el futuro y la continuidad de estas entidades dependería de la voluntad de los cien o doscientos constituyentes –quizá la mayoría ligados a Perú Libre y el Movadef– convertidos en los dioses mortales del país. Tampoco señalan que, igualmente, los ahorros y las propiedades de 30 millones de peruanos también se volverían líquidos.

Muy por el contrario, lo único que se menciona es que se necesita una nueva Constitución para cancelar “el modelo neoliberal” y permitir que regrese el estado empresario, a través de “una ola de expropiaciones que entreguen la riqueza a los más pobres”. El mensaje por la constituyente entonces se concentra en el aspecto económico. 

Por esa razón, de una u otra manera, el despegue capitalista del Perú ha venido siendo siendo detenido desde el 2014 –con el Gobierno nacionalista– cuando se bloquearon las inversiones de cobre de Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. Desde esos acontecimientos, el país dejó de crecer por encima del 6% anual y reducir entre tres y cuatro puntos de pobreza anual. Sin embargo, a pesar del crecimiento mediocre, el Perú logró la hazaña de reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, antes de la pandemia.

El modelo económico, el regreso del capital privado a la minería y la agricultura, la construcción, y las fortalezas macroeconómicas del país eran extremadamente sólidos. La dinámica sobrerreguladora que desató la burocracia de izquierda –pretendiendo relativizar la Constitución y los 22 tratados de libre comercio que firmó el país, y que desregulaban la economía, la sociedad y el comercio– no impidió conseguir estos logros.

Sin embargo, la experiencia de Chile nos demuestra que el crecimiento, la reducción de pobreza y el libre comercio no son suficientes para garantizar la continuidad de las libertades si es que no se disputa la cultura, las narrativas y los sentidos comunes de la sociedad. En el Perú, tarde o temprano, iba a llegar el comunismo o el colectivismo en cualquiera de sus expresiones porque todos los relatos habían sido elaborados por el progresismo. Y entonces arribó la tragedia Castillo.

El Gobierno de Perú Libre y el Movadef, igualmente, han entendido que el gran enemigo de la constituyente es la economía, el crecimiento, la reducción de la pobreza y las clases medias. Sin embargo, a pesar de los gabinetes y ministros fallidos, de los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, la economía crecerá sobre el 3% en el 2022. Una cifra que no permite reducir la pobreza. 

¿A qué vamos? Si la inversión privada se desploma –pese al alto precio de los minerales– ¿cuál será el crecimiento del 2023? ¿Cuánto aumentará la pobreza y la desesperación de una sociedad acostumbrada a crecer y mejorar en las últimas tres décadas? ¿No llegará un momento ideal para el discurso de la constituyente, las diatribas contra el modelo neoliberal y las expropiaciones?

Por todas estas consideraciones, preocupa en extremo la indiferencia de la oposición frente al modelo económico. ¿Quién ha defendido a la minería bajo un ataque general? Cuando el Congreso aprueba que el Estado devolverá  S/ 40,000 millones a los fonavistas –un dinero que no existe– ¿acaso no se entiende que se destruye la solidez macroeconómica del Perú? Cuando el Legislativo acepta una deuda social magisterial –al margen de la carrera pública magisterial– de más de S/ 40,000 millones, ¿acaso no entienden que estamos regresando al estado hiperinflacionario de los ochenta?

La oposición hasta hoy no entiende qué significa el modelo económico para luchar contra la constituyente y el proyecto bolivariano. Hoy el Perú debería estar repleto de leyes y decisiones promercado –por una mayoría congresal en contra de la constituyente– que debería decirle al mundo que en el Perú hay un Ejecutivo anticapitalista, es verdad; sin embargo, el sistema republicano y todas las instituciones se rigen por la Constitución de 1993. Es decir, seguimos siendo república.