La hora del pistolero

Realidad escalofriante: Un peruano es asesinado cada día por sicarios

Las declaraciones de Daniel Urresti, ministro del Interior, acerca de que el sicariato no afecta a la ciudadanía porque es un asunto entre delincuentes, y las afirmaciones del presidente Humala sobre que el sicario es una expresión de la globalización, revelan que, en el gobierno, no solo no hay políticas para enfrentar el tema sino también una terrible incomprensión del fenómeno social detrás del pistolero que irrumpe en lugares concurridos a plena luz del día, como si hubiese una intención velada de captar la atención de los medios.

En una sociedad como la peruana en la que el crecimiento se ha desarrollado con el abandono del Estado de casi todas sus responsabilidades, la crisis de seguridad ciudadana es una de las peores expresiones de la fragmentación social. Existen regiones del interior y áreas de la propia capital en la que abandono general de la autoridad ha permitido que comiencen a surgir “órdenes económicos y sociales” controlados por organizaciones delictivas. No solo se trata del Vrae sino de los cupos que pagan todos los taxistas en Trujillo, de las extorsiones de los negocios de la avenida Gran Chimú en San Juan de Lurigancho, de la proliferación de chantajes y pistoleros en las obras de construcción civil.

Pues bien. El negocio delictivo tiene “sus reglas y sanciones”. Las penas, como en cualquier película de gangsters, va desde la golpiza hasta la eliminación física del “infractor”. Cuando un pistolero asesina un domingo a las 3 de la tarde en Barranco no solo asusta a los comensales del restaurante donde dispara, sino que se envía un mensaje a la sociedad: los pistoleros han llegado y están impunes, el Estado es impotente, así que a pagar sus cupos puntualmente. Es el mismo mensaje que enviaban los pistoleros de Al Capone en Chicago. Se eliminaba al gangster “infractor” para fortalecer el poder del jefe, pero también se notificaba a la sociedad del poder coercitivo de la organización delictiva.

El fenómeno del pistolero o del sicario contratado es de vieja data. Nace en los villorrios de Sicilia, se perfecciona en Chicago, y se recrea en Colombia, México, Guatemala y ahora en Perú. El denominador común para la emergencia de estas lacras sociales es el repliegue del Estado y la impunidad del delincuente. Cuando el orden delictivo impone el sicariato como una actividad autónoma del delito, como una “industria” que cualquiera puede alquilar, las cosas están al borde un precipicio.

El desborde de la seguridad ciudadana es una amenaza a la paz y a la propia democracia: el año pasado, según estadísticas oficiales, una persona en promedio fue asesinada cada día por sicarios. El fracaso del Estado y la sensación de impunidad debilitan a la libertad y favorecen reacciones autoritarias. Salvando las distancias, ayer combatimos el terrorismo convocando a la participación ciudadana de abajo hacia arriba. El estado no solo consiguió apoyo popular sino que se llenó de “mil ojos y mil oídos” para actuar y el terror fue pulverizado. Hoy necesitamos que el gobierno convoque a la sociedad, a los municipios distritales, provinciales y a las regiones a conformar un solo puño contra el desborde social de la delincuencia.

Si esa red de participación ciudadana, social y municipal se movilizará  (por ejemplo a través de los serenazgos) en estrecha coordinación con la policía y las autoridades judiciales, ¿cuántas posibilidades tendría un pistolero de quedar impune luego de cegar una vida? Muy pocas. En Barranco parece haber caído el asesino, pero no por una política de Estado sino por un descuido de los delincuentes. Es hora de que sean capturados por claras políticas nacionales.