La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Es hora de ceder y dejar que cada uno -Ejecutivo y Legislativo- haga su trabajo.
La colisión entre el Legislativo y el Ejecutivo que desencadenó la censura del Gabinete de Ana Jara es un mecanismo extremo de sanción y control político que la Constitución otorga a los representantes en el Congreso emulando las mejores tradiciones del sistema parlamentario europeo. Pero nuestro sistema constitucional puede definirse como semi-presidencialista, porque el jefe de Estado es elegido por sufragio y, en base a esa calidad, puede disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias si es que el Legislativo censura de manera consecutiva a dos consejos de ministros. ¿A qué viene todo esto?
Si no recordamos estos preceptos quizá olvidemos cómo el momento político del país se anuda con nuestra arquitectura constitucional y, sin ser demasiado conscientes, avancemos a una crisis de gobernabilidad. En primer, lugar el Congreso ha ejercido plenamente su derecho a censurar al Gabinete y ha enviado una clara señal al Ejecutivo: las responsabilidades políticas por los despropósitos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) se asumen y allí está la censura de Jara.
En segundo lugar, el Ejecutivo debe tener la suficiente sagacidad de leer el mensaje parlamentario y enmendar el rumbo mediante la conformación de un gabinete viable. ¿A qué nos referimos con viable? Nadie puede plantear ideas extremas como un “gabinete de concertación”, porque Humala sigue siendo el jefe de Estado en plenas funciones y debe ejercer todas sus prerrogativas. Sin embargo sí se puede hablar de un nuevo Consejo de Ministros que supere los errores de los anteriores. Es decir, abandonar las intromisiones de Nadine Heredia en la función ministerial y otorgar poder político al jefe de Gabinete y a los ministros. Asimismo, relevar a aquellos titulares que solo desatan la confrontación y el enfrentamiento con la oposición.
Un gesto de ese tipo por parte del jefe de Estado bajaría el alto voltaje político y allanaría el camino para que el Congreso otorgue el voto de investidura ministerial, alejando cualquier fantasma de una crisis de gobernabilidad.
De otro lado, en la oposición se debe arriar las banderas maximalistas y asumir el camino de la prudencia. En la hipótesis de que se negara el voto de investidura al nuevo Gabinete, si bien no enfrentaríamos estrictamente una censura, el espacio para las interpretaciones constitucionales se ensancharía y más de un oficialista podría demandar que el Presidente ejerza la facultad de disolver el Legislativo.
En ese contexto, surge la pregunta, ¿alguien con tres dedos de frente y clara vocación democrática buscaría adrede ese escenario? Creemos que no, a menos que las intenciones no tengan mucho que ver con la estabilidad de la democracia.
Cualquiera sea el enfoque o la aproximación, es evidente que la democracia ha estirado todos los resortes constitucionales para desarrollar la profilaxis política que establece la Constitución. Sin embargo, la sanción extrema que ha aplicado el Legislativo al Ejecutivo demanda ahora que se ponga por delante la prudencia.
El Congreso ya hizo escuchar su voz, el Ejecutivo ha sido notificado. Es hora de ceder y dejar que cada uno haga su trabajo. Si las cosas avanzan por esa ruta, la censura del Gabinete Jara, a diferencia de lo que sucedía en el siglo pasado, habrá robustecido a la democracia y enraízado nuevas tradiciones constitucionales.
01 - Abr - 2015
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