¿La gobernabilidad al garete?

Da la impresión de que, en cualquier momento, se desatará una crisis de gobierno             

Los audios en los que el ministro de Justicia, Daniel Figallo, dialoga con algunos procuradores y deja entrever “criterios” con respecto a la condición de colaborador de eficaz de Martín Belaunde Lossio; el reportaje de Panorama en el que se demuestra que la pareja presidencial y los más encumbrados funcionarios de Palacio solían asistir a reuniones sociales en una propiedad de uno de los principales implicados del caso Antalsis; y la revelación de que el general PNP(r) Raúl Salazar y el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte -ambos vinculados al ilegal resguardo policial a la casa de Óscar López Meneses- conversaron más de 485 veces pero lo negaron, dejan la impresión de que al gobierno ahora solo le toca defenderse, aclarar las cosas, pero que en ese afán se olvidará de la gobernabilidad.

Existe la impresión de que ante tanta denuncia, en cualquier momento, un documento o un audio, desatará tal crisis de gobernabilidad que tendría que usarse todos los preceptos de la Carta Política para resolver este tipo de situaciones. Se trata de una impresión que aterra a cualquier demócrata habida cuenta de que todos deseamos que el gobierno nacionalista culmine su periodo y entregue el poder según los cronogramas constitucionales.

Finalmente, siempre debemos recordar que, a pesar de las recurrentes crisis políticas, avanzamos hacia el cuarto proceso electoral sin interrupciones. Un récord histórico si consideramos que en el siglo XX (exceptuando el periodo de la República Aristocrática) nos la pasamos sosteniendo que el Perú estaba condenado a diez años de democracia seguido de otra década de dictadura.

Tal como van las cosas, los principales operadores del gobierno se concentrarán en la defensa de la pareja presidencial, pero restando energías al esfuerzo de gobernar.  En este contexto, los ministros asumirán una creciente autonomía en sus respectivos despachos y, de pronto, se producirá como una “delegación forzada” de poder a los titulares, algo impensado en la época de injerencia de la Primera Dama.

La situación da para decir que la gobernabilidad del sistema está al garete, pero el hecho de que, en el actual Gabinete y por esas cosas de las paradojas, exista un puñado de buenos ministros tecnócratas empeñados en hacer reformas, también nos permitiría decir que se presenta una buena oportunidad.

Ministros con poder, con ideas claras en Economía, Transporte, Agricultura, Energía y Minas, en Educación y otros, nos señalan buenos vientos. Los dos rostros de la administración nacionalista, la mala política y la gestión aceptable, se distancian cada vez más en una administración totalmente bifronte, con evidentes rasgos bipolares.

A la oposición no se le puede pedir que renuncie a fiscalizar al régimen en consideración a los cronogramas electorales. Semejante solicitud sería una herida más grave que cualquier exceso fiscalizador. Pero sí se le puede demandar que separe la paja del grano. Por ejemplo, más allá de la incoherencia que significa reducir el impuesto a la renta y aumentar el de los dividendos, el ministro Alonso Segura está empeñado en dar una batalla contra la desaceleración económica que todos debemos celebrar. Algo parecido sucede en el sector Educación, donde el ministro Jaime Saavedra ha asumido las banderas de la reforma meritocrática.

La oposición no puede devolver con la misma moneda a un gobierno que hizo todo lo posible para envilecer la política con la confrontación y judicialización del rival. Y no puede hacerlo porque la oposición tiene que demostrar su naturaleza democrática y su preocupación en la gobernabilidad. Ya lo hizo inviabilizando el proyecto autoritario del humalismo, evitando la inhabilitación de Alan Garcia y oponiéndose al intento de tachar a Luis Castañeda, el nuevo alcalde Lima. Es hora de continuar en esa senda

08 - dic - 2014