¡La estrategia de criminalizar al policía!

El suboficial de la policía Elvis Joel Miranda fue recluido con 7 meses de prisión preventiva por un juzgado de Castilla, en Piura, por haber abatido, durante una intervención policial, a Juan Carlos Ramírez Chocán, un reconocido delincuente de la zona. La idea de la prisión preventiva como norma —en vez de ser la excepción de la regla— que promueven IDL-Reporteros y las ONG de izquierda para encarcelar a la oposición también, pues, se pretende aplicar a los oficiales que aplican la Constitución y la ley en el Perú.

Llamó poderosamente la atención a los reporteros locales que se haya destinado hasta cinco fiscales para encarcelar al suboficial Miranda. ¿En qué momento los policías se convirtieron en enemigos de ciertos fiscales? A entender de este portal, semejante conducta solo se puede explicar por el intenso trabajo de ideologización y control que desarrollan las ONG de izquierda en el Ministerio Público. Bajo el pretexto de la defensa de los DD.HH. estos sectores neomarxistas buscan socavar la autoridad del Estado, consagrada en la Constitución y las leyes. Los argumentos son diversos, pero se menciona permanente el uso indebido de la fuerza. Estas ONG que reciben fondos de países desarrollados nunca reconocen que en las sociedades avanzadas a nadie se le ocurriría desarmar jurídicamente a la policía ni menos pretender socavar la autoridad del Estado.

¿Ideología de “fachos”, de extremistas bolsonaros, como suelen decir nuestros marxistas asolapados? De ninguna manera. Algunas horas atrás un grupo de activistas radicales atacó un campamento policial cerca de Las Bambas, pero ni los fiscales ni jueces ni el Ejecutivo hicieron algo. Por el contrario, el sector Transportes ya negoció con los violentistas.

Vale recordar que el Perú es el único país de América Latina donde se asesina impunemente a los policías. Allí van las negras estadísticas: en el Baguazo se degolló a 12 policías en la estación Imazita de Petroperú, se asesinó a otros 11 en la Curva del Diablo y el mayor Bazán desapareció luego de haber sido secuestrado, tal como lo registra un vídeo; en el desalojo del bosque de Pómac ,en Lambayeque, dos policías fueron abatidos por francotiradores. Sí, amigo lector, francotiradores. Y no pasa nada.

Algo más. Dos centenares de policías intentaron restablecer el tránsito entre Mollendo y Matarini —bloqueado por el proyecto Tía María—, pero cuatro de ellos fueron cercados por la turba y casi son enterrados vivos. Dos quedaron gravemente heridos y uno perdió masa encefálica.

No obstante esta situación de indefensión jurídica de la policía, ¿por qué las ONG extremistas siguen hablando de “criminalización de la protesta” y buscan por todos los medios socavar la autoridad del Estado? Por la sencilla razón de que las ONG de DD.HH. de la izquierda son primas hermanas de las ONG antimineras, anti inversión y anticapitalistas. Sin la violencia y la neutralización de la autoridad del Estado, por ejemplo, no se habrían detenido las inversiones en Conga y el cinturón de cobre en el norte. Igualmente, nunca se habría detenido el proyecto Tía María en Arequipa, y tampoco existiría posibilidad alguna de jaquear la producción del Corredor Minero del Sur.

La estrategia de criminalizar al policía y neutralizar la autoridad del Estado es clave para que los proyectos colectivistas logren ralentizar el crecimiento y la reducción de pobreza, y crear escenarios favorables para los proyectos colectivistas. Si los fiscales ven al policía como potencial enemigo, si no se atreven a acusar a los radicales que bloquean carreteras y atentan contra las propiedades pública y privada, entonces el efectivo PNP ha sido abandonado a su suerte frente a la turba que busca lincharlo, incluso eliminarlo físicamente. El resultado del evidente trabajo, lento pero sistémico, de las estrategias marxistas.