La crisis del sistema de justicia y la búsqueda de salidas

Las revelaciones de la periodista Milagros Leiva sobre las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, en las que se denuncia la existencia de un sector del Ministerio Público –vinculado a una corriente política– que tiene el objetivo de arrinconar o neutralizar a los adversarios políticos, representan una triste confirmación de las intensas disputas que se libran alrededor de la señalada entidad que, según la Constitución, es titular de la acción penal del Estado.

Pero no solo se trata de disputas. De una u otra manera estas guerras en la Fiscalía explican uno de los procesos de judicializaciones de la política más intensos de América Latina, que ha significado la neutralización de los políticos y los partidos políticos que contuvieron al antisistema en el siglo XX y el XXI. En este contexto de guerra política y judicialización, no fue extraño que Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana, ganara las últimas elecciones. Finalmente, la polarización terminó afectando a toda la sociedad.

Es imposible hablar de Estado de derecho o de sistema republicano con la actual guerra por el control del Ministerio Público, una entidad fundamental para organizar el sistema de justicia nacional, de acuerdo a las atribuciones que le reconoce la Constitución Política. Por otro lado, la propia Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido incapaz de organizar una salida a la crisis porque, de una u otra manera, forma parte del problema, sobre todo con sus inclinaciones a investigar y sancionar con celeridad determinados casos y a ignorar cuando se trata de otros.

En este contexto, el Congreso tiene la responsabilidad y las competencias para encontrar una salida a la crisis terminal del Ministerio Público. En primer lugar, creemos que se debería proceder a formar una comisión investigadora sobre las revelaciones de la periodista Milagros Leiva. En segundo lugar, sobre la base de acuerdos multipartidarios se debería desarrollar las acusaciones constitucionales correspondientes a los magistrados comprometidos en estas guerras que han terminado erosionando al sistema de justicia. 

Todas estas acciones deberían estar orientadas a formar una comisión parlamentaria que formule una propuesta de salida de emergencia para la crisis del Ministerio Público –que implique una reorganización inmediata– y que, por otro lado, proponga reformas constitucionales integrales al sistema de justicia.

Es incuestionable que la crisis del Ministerio Público y el sistema de justicia hoy se desarrolla en medio de un nuevo fracaso de la reforma que la Junta Nacional de Justicia estaba llamada a desarrollar. El fracaso no solo se grafica en la terrible judicialización de la política y de la vida pública, sino también en la provisionalidad de los magistrados, que se extiende en todas las instancias del sistema de justicia. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia existen 20 magistrados supremos titulares, en tanto que alrededor de 40 están en calidad de provisionales.

Así como se habla de la urgencia de la reforma del sistema político (sistema bicameral, derogatoria de la prohibición de reelección parlamentaria y distritos uninominales, entre otros), igualmente es el momento de hablar de la reforma del sistema de justicia. Y el debate ya ha comenzado. Por ejemplo, la congresista Gladis Echaíz ha propuesto la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, una institución que absorbería las funciones de la actual JNJ y también se encargaría de la formación y capacitación de los magistrados. 

Por otro lado, José Luis Sardón, ex miembro del Tribunal Constitucional, ha propuesto retornar al constitucionalismo histórico del país en la elección de magistrados, vigente hasta la dictadura militar de Velasco. Según esta propuesta el Congreso se encargaría de elegir a los supremos; y el Ejecutivo, de los magistrados de segunda y primera instancia.

En cualquier caso, la crisis del sistema de justicia nos señala que estamos en un momento impostergable de la reforma del sistema de justicia. Sin embargo, la nueva reforma a emprender debería evitar todos los yerros de las anteriores, que antes que reformas eran estrategias para controlar las instituciones del sistema.