¿Jueces provisionales para conflictos tributarios entre el Estado y el sector privado?

Desde un tiempo atrás las izquierdas han construido una leyenda negra acerca de que las grandes empresas no pagan los impuestos que deberían. Por ejemplo, se calcula que en el país, de un total de aproximadamente 11 millones de contribuyentes, existen 15,000 grandes contribuyentes (grandes empresas). Pero lo que no se suele decir es que menos de 100 empresas aportan cerca del 80% de los ingresos del Estado. La contribución de estas compañías crece en importancia para la sociedad cuando se repara que cerca del 60% de la economía y de la sociedad padece un nivel de informalidad.

En este contexto, según la propia Sunat, alrededor de 300 empresas han presentado amparos y recursos ante el Poder Judicial, el Tribunal Fiscal o instancias internacionales, por contenciosos con la autoridad tributaria. En otras palabras, el Estado litiga con las principales empresas, como se dice, que paran la olla nacional, por diversas interpretaciones con respecto a las leyes tributarias.

Si las cosas son así, lo menos que podría hacer el Estado es enviar un mensaje en el sentido de que los diferendos se resolverán con justicia y de manera imparcial. Es la única manera de seguir alentando las inversiones que financian casi todo el gasto estatal. Sin embargo, se acaba de conocer que la Sala de la Suprema que resolverá esos conflictos está conformada por una mayoría de magistrados provisionales.

Se acaba de cambiar radicalmente la conformación de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Transitoria de la Corte Suprema que, en la resolución de su creación, se encarga de los temas tributarios y aduaneros desde el 1 de agosto del 2021. En otras palabras, una mayoría de jueces provisionales se encargará de los contenciosos administrativos en asuntos tributarios y aduaneros que existen entre el Estado y el sector privado.

El magistrado titular, Ulises Augusto Yaya Zumaeta, quien ejercerá la presidencia de la Quinta Sala Constitucional, permanece en el señalado tribunal. Igualmente, el juez titular, César Augusto Proaño, proviene de la Tercera Sala Constitucional y Social Transitoria y fue miembro de la Sala Civil Permanente de Huancayo e integró la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que los tres magistrados restantes son provisionales. Yuri Jhon Pereira proviene de la Sala Civil del Cusco y de la Sala Mixta de Emergencia del distrito judicial del Cusco. Yenni Margot Delgado Ayvar proviene de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria e integró la Segunda Sala Laboral del Cusco. Por su parte, Luis Abigael Gutiérrez Remón proviene de la Sala Civil de Pisco e integró la Sala Civil de Chincha y la Sala Civil de Pisco.

¿Cómo entender la tendencia a organizar salas con mayoría de provisionales con poca experiencia en temas tributarios? ¿Acaso no se sabe que los jueces provisionales pueden ser presionados o influenciados por cuestiones políticas? 

Sobre esta situación existen diversos tipos de especulaciones (por ejemplo, la falta de jueces titulares). Sin embargo, ha trascendido una versión que señala que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, existe gran desesperación por cerrar el hueco fiscal que está dejando la nacionalización de la política petrolera y los sucesivos rescates financieros de Petroperú, que podría llegar a sumar en total alrededor de US$ 5,000 millones, más allá de los más de US$ 6,000 que ya demanda la modernización de la Refinería de Talara. 

En este contexto, el Ejecutivo –que maneja gran parte de las partidas presupuestales de las instituciones– estaría presionando para lograr algunos triunfos legales sobre los principales contribuyentes del Perú. Allí podría existir una explicación de la mayoría de provisionales en la sala suprema que analizamos.

Sin embargo, el gran problema de estas “movidas” en las instituciones es que se sigue ahuyentando a la inversión privada y agudizando las tendencias recesivas. ¿Qué gran empresa, que sector de los principales contribuyentes del país, se va a animar a invertir si un conflicto con el Estado sobre una deuda tributaria no se tramita mediante justicia predecible? De alguna manera la nacionalización del petróleo y la noticia de una sala con mayoría de provisionales son señales negativas para relanzar el crecimiento, la generación de empleo y el proceso de reducción de la pobreza.