JNJ: un debate constitucional se vuelve la guerra del fin del mundo

La decisión del Congreso de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la posibilidad de una eventual remoción de los mismos por una supuesta falta grave ha desatado una de las campañas más extrañas y feroces de parte del progresismo peruano o de la llamada “izquierda caviar”. Una de las cosas más impresionantes de este sector de la política peruana es que ha demostrado un nivel de organización nacional e internacional que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no se han organizado en un partido político y se presentan a ganar elecciones? ¿Por qué no movilizan esas fuerzas y esa energía para ganar la voluntad del electorado nacional? El deber de cualquier demócrata que pretende gobernar es recurrir a la fuente de la soberanía: el electorado.

El artículo 157 de la Constitución establece que el Congreso puede remover a los miembros de la JNJ por falta grave con los dos tercios de los votos. Sin embargo, los argumentos sobre una supuesta dictadura del Congreso, acerca de un quiebre del equilibrio de poderes, se han desarrollado de aquí para allá sin considerar los principios básicos del constitucionalismo.

La histeria del progresismo nacional ha llegado a tal extremo que, incluso, se ha pretendido movilizar a dependencias de las Naciones Unidas y algunas embajadas para presentar la imagen de que la “frágil democracia peruana” es controlada por fuerzas dictatoriales que no aceptan el equilibrio de poderes y la independencia de los jueces. Cualquiera podría sostener que la campaña progresista –tal como van las cosas– es una planificada desde los cuarteles centrales del eje bolivariano, sobre todo luego del fallido golpe de Pedro Castillo.

La campaña progresista en defensa de los miembros de la JNJ y la demonización del Congreso empieza a convertirse, a nuestro entender, en una movilización en contra de la democracia peruana, sobre todo por el intento de comprometer a organizaciones internacionales. La señalada campaña ignora abiertamente que el Gobierno de Pedro Castillo, el proyecto de la asamblea constituyente y el intento de golpe de Estado que fracasó en diciembre pasado han sido las peores amenazas al sistema republicano en las últimas décadas. Amenazas de las cuales el Perú comienza a librarse, no obstante todos los problemas y yerros de las bancadas del Congreso y del propio Ejecutivo.

Lo peor de todo es que los argumentos de esta campaña contra el sistema republicano del país no tienen la menor justificación, más allá del hecho evidente de que los sectores progresistas comienzan a perder las instituciones que controlaron en los últimos años. Consultando con diversos constitucionalistas y analistas hemos tratado de encontrar cierta racionalidad en la argumentación de estos sectores y una conclusión parece incuestionable: todos los procedimientos del Congreso se ajustan a lo establecido en la Constitución y las leyes.

¿Cuál entonces podría ser el argumento a considerar? Quizá el que una mayoría comienza a “abusar de su condición de mayoría” y empieza a desplazar a una minoría del control de las instituciones. Por allí estamos ante un argumento de naturaleza política, pero de ninguna manera constitucional o legal.

Ahora bien, ¿por qué la mayoría que se ha organizado en el Congreso avanza sin considerar la posición de los llamados sectores progresistas? Todo parece señalar que las bancadas del Congreso reaccionan frente a la desorganización del sistema republicano y el golpe de Estado que perpetró Martín Vizcarra en setiembre del 2019, con el argumento de “la denegación fáctica de confianza” –que no existe en la Constitución–y el posterior golpe de masas que derribó al Gobierno constitucional de Manuel Merino e impuso la administración provisional de Francisco Sagasti, un Gobierno de las minorías que se impuso sobre la mayoría con la movilización callejera. Todos estos procesos fueron alentados y promovidos por el progresismo nacional, y en todos ellos se hizo trizas la Constitución y se pretendió legitimar el poder al margen de la Constitución y el Estado de derecho: el apoyo popular circunstancial a un caudillo, la movilización de masas y el poder militar.

Quizá en la suma de estos hechos también exista una manera de explicar la actual polarización política.