La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Ministro del Interior debe aclarar escándalo, sino el Congreso debería censurado
Desde este Portal le hemos concedido el beneficio de la duda a la gestión del ministro Daniel Urresti. Con la misma libertad e independencia, condenamos ahora que el titular del Interior haya montado una farsa política-policial con el propósito de enlodar a la oposición política, vinculándola con el narcotráfico. Ahora creemos que debe ser interpelado por el Congreso porque la crisis de seguridad ciudadana no admite estrategias mediáticas ni de posicionamientos políticos..
Fernando Rospigliosi ha destapado la farsa de manera sólida y documentada, a partir de informes oficiales de la Policía Antidrogas y del Ministerio Público que dejan en claro que el ministro faltó a la verdad cuando le informó al país, en rueda de prensa, que el candidato fujimorista a la alcaldía de Barranca, Alberto Tapia, estaba comprometido con un hallazgo de clorhidrato de cocaína en un vehículo de su propiedad.
Los informes de la Dirandro y de la Primera Fiscalía Penal Especializada contra la Criminalidad desmienten a Urresti y aclaran que en esa unidad móvil se halló solamente 130 kilos de yeso, no droga. También señalan que en la operación se decomisó solo 42 kilos de cocaína que estaban ocultos en una casa en aquella localidad norteña.
Por si fuera poco, las investigaciones policiales y fiscales, que incluyeron seguimientos con filmación a los sospechosos y escuchas telefónicas autorizadas por un juez, concluyeron que Alberto Tapia no tiene nada que ver y que el único responsable es su cuñado Danilo Silva Sánchez. ¿Por qué entonces el ministro del Interior dijo todo lo contrario? O más claro: ¿Por qué Urresti le mintió al país?
Algunas versiones señalan que un sector descontento de la policía pudo haber "sembrado” al ministro, pero el deber de cualquier titular del Interior, antes de entrar a una guerra mediática, sobre todo si se afecta a la oposición, es confirmar y cruzar con fuentes de inteligencia y con el Ministerio Público. Pero si estamos apurados por salir a los medios y continuar siendo la locomotora de la popularidad palaciega, entonces, se puede caer en los yerros de Urresti.
El titular del sector se ha dedicado a “cambiar la percepción de la gente” con respecto a la conducta del gobierno frente al problema, pero no ha propuesto ninguna reforma seria en la policía ni en el sistema de administración de justicia que nos permita sostener que se ha empezado a resolver la crisis de seguridad ciudadana.
Estamos entonces ante a un nuevo episodio de la guerra política que mantiene el gobierno humalista, desde el inicio de su gestión, contra la oposición democrática, que se expresa en constantes ataques de los voceros nacionalistas a los dirigentes de la oposición, para vincularla abierta o indirectamente con supuestos actos de corrupción.
El propio presidente Ollanta Humala atizó el fuego de su guerra hace unos días al insinuar ante la prensa que el anterior gobierno aprista hizo presuntos negocios ilegales con un empresario centroamericano. Con ese mismo ánimo belicoso, no pierde la menor oportunidad para lanzar ataques similares contra otros opositores que él ve como “enemigos”.
Los hechos señalados exigen una intervención inmediata del Congreso de la República, pues el señor Urresti le ha mentido al país y ha mancillado la honra de un ciudadano -quien inclusive fue separado de su candidatura municipal por la acusación del ministro- con el propósito político evidente de vincular con el narcotráfico a la primera fuerza de oposición del país. El ministro del Interior tiene que ser interpelado por el pleno para que rinda cuentas de su conducta en este caso que escandaliza al país entero.
El ministro tendrá que darle a la representación nacional explicaciones claras y precisas que esclarezcan el escándalo. Si no lo hace, en nuestra opinión, se haría merecedor, en justicia, de una censura que lo obligaría a dimitir en el acto.
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