Inaceptable: ¡guerra de algunos jueces contra el Congreso!

Una corte superior del Poder Judicial, una vez más, se ha pronunciado señalando que ella puede contravenir una función exclusiva y excluyente del Congreso. Nos referimos a la decisión de una corte de contravenir la decisión legislativa de inhabilitar por diez años a Inés Tello y Aldo Vásquez, ex miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Con esta decisión un sector del Poder Judicial parece señalar que las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso establecidas en la Constitución, desarrolladas en la legislación actual y ratificadas por una sentencia explícita del Tribunal Constitucional, no importan.

Al margen de la argumentación, ¿cómo así una corte judicial puede oponerse al ejercicio de funciones exclusivas y excluyentes del Congreso e ignorar una decisión clara del Tribunal Constitucional? ¿Acaso ya no existe Constitución y procedimientos? Lo cierto es que la decisión de la corte en mención parece revelar que en el Estado de derecho del Perú se experimenta una especie de guerra civil institucional que terminará paralizando a las propias instituciones.

Por ejemplo, frente a la decisión de la sala del Poder Judicial, lo más probable es que el Congreso interponga una nueva contienda competencial ante el TC; sin embargo, las funciones de la JNJ quedarán virtualmente paralizadas por el proceso institucional que determinará quiénes son los integrantes de este organismo. En otras palabras, las tensiones entre el Congreso, la JNJ y un sector del Poder Judicial, escalarán a otros niveles y paralizarán al Estado.

Vale anotar que un sector de parlamentarios, sobre todo los congresistas de Alianza para el Progreso, solo apoyaron la inhabilitación de Tello y Vásquez precisamente para evitar un escenario como el que se contempla luego del fallo de la corte que enmienda la plana al Congreso. No obstante, de nada valió la prudencia. La guerra institucional es total.

Análisis más, análisis menos, lo cierto es que el Perú ha llegado a un límite con respecto a las instituciones del sistema de justicia, las relaciones con el Congreso y otras entidades tutelares del sistema democrático. Un proceso que empezó con el golpe de Martín Vizcarra, quien cerró el Congreso invocando “una supuesta denegación fáctica de confianza” –una figura que no existe en la Constitución– precisamente para oponerse a la función exclusiva y excluyente del Legislativo para elegir los miembros del TC.

Planteadas las cosas así, este tipo de enfrentamientos tiene que resolverse de alguna manera, y todo indica que una nueva contienda competencial –que seguramente volverá a ganar el Legislativo, porque el TC ratificará el criterio anterior– no resolverá el problema. Un sector del país seguirá alentando a los jueces a asumir competencias y funciones que no se presentarían en cualquier país con un Estado de derecho medianamente establecido o con relativa salud. Imposible.

El único camino que tiene el Legislativo –como el poder constituyente constituido– es proceder a reformar la Constitución para derogar el sistema de elección de magistrados a través de una entidad que no es designada por los poderes elegidos (el modelo de consejo nacional de la magistratura o la actual Junta Nacional de Justicia) y establecer que los magistrados supremos deben ser elegidos por el Congreso a propuesta del poder Ejecutivo. Así sucede en los Estados Unidos y, de alguna manera, también en Inglaterra (el rey nombra a propuesta del primer ministro).

La experiencia nacional está dejando en claro que el sistema de elección de magistrados a cargo de una entidad especializada, que no es designada por los poderes elegidos por sufragio (Ejecutivo y Legislativo), ha desatado una de las judicializaciones políticas más impresionantes en un régimen con un Estado de derecho y una crisis de la justicia sin precedentes. Por la manera como hoy el sistema de justicia favorece a unos y persigue a otros, de una u otra manera, no tiene nada que envidiar a los totalitarismos que utilizaron las judicaturas para aplastar a sus rivales. 

Ante esta situación se produce una reacción de los políticos, del Congreso, que también empieza a descontrolarse. Es hora de buscar una salida a estas guerras interminables.