Impunidad, teléfonos e Internet

¿Quién responde por ciudadanos asesinados por sicarios digitados desde cárceles?                                                                                  

Esta semana, por enésima vez, hemos sido informados de la existencia de conexiones ilegales de Internet, telefonía móvil y TV por cable en los penales, esta vez Sarita Colonia del Callao y la cárcel de “máxima seguridad” de Piedras Gordas. Si, como sabemos, los hampones presos usan esos medios para extorsionar y coordinar secuestros, asaltos y asesinatos, nos preguntamos: ¿Hasta cuándo vamos a tolerar estos hechos que atentan contra la seguridad y la vida de los ciudadanos? ¿Será posible vencer a la delincuencia sin atacar a la corrupción en los penales y en otras instituciones claves del Estado?

El ministro del Interior, Daniel Urresti, no puede hacer nada contra las mafias que operan en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) porque no tiene ninguna autoridad sobre éste. Dicho sea de paso, cada vez que se repiten los hechos denunciados los máximos responsables del INPE no responden por ello, como si estuviesen blindados desde los más alto del poder. Han pasado varios ministros de Justicia, pero ellos siguen en sus puestos, intocables.

El jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, ha declarado que los presos usuarios de las conexiones ilegales han sido trasladados a otros penales.como medida disciplinaria. ¿Y los que manejan las conexiones, es decir los principales responsables del delito, serán sancionados? Todo indica que éstos serían funcionarios o empleados del INPE, pues es imposible que los presos accedan a esos servicios sin que sus carceleros se den cuenta.

Y por si fuera poco, Pérez Guadalupe ha declarado que los bloqueadores de señales inalámbricas de telefonía e Internet comenzarán a funcionar en los penales ¡dentro de dos años! ¿Acaso esta sola muestra de ineficiencia extrema no es motivo suficiente para que los jefes del INPE se vayan a su casa? ¿Acaso tamaña incompetencia no es suficiente también para que el ministro de Justicia, Daniel Figallo, renuncie al cargo?

Si otros ministros y jefes del Gabinete Ministerial han dimitido por muertes de manifestantes en protestas violentas, ¿por qué el titular de Justicia no asume de igual manera su responsabilidad política por las muertes de ciudadanos ejecutados por sicarios digitados desde las cárceles a través de celulares e Internet?

El Sector Justicia parece estar de espaldas a la decisión del gobierno de enfrentar y resolver la inseguridad ciudadana. Y el ministro del Interior no puede hacer nada al respecto porque no es el jefe del Gabinete Ministerial. Como tampoco puede hacer nada para evitar que fiscales y jueces corruptos o medrosos liberen a delincuentes capturados por la policía.

Insistimos: el gobierno estará condenado a perder la guerra contra el hampa si el presidente no asume el liderazgo de la misma con una estrategia integral que también apunte contra aquellos que desde el Estado le proporcionan a la delincuencia desde celulares:e Internet en los penales, hasta impunidad en las fiscalías, juzgados y comisarías. ¿O acaso el gobierno también cree que esas mafias son solo otra “percepción equivocada” de los ciudadanos?