Gran conflicto amenaza a la Amazonía

Sobre la informalidad que impera en la actividad maderera amazónica

Un nuevo conflicto social de consecuencias imprevisibles se está fraguando en la Amazonía, debido a la falta de políticas públicas promotoras de la inversión privada en concesiones forestales modernas y sustentables, lo cual propicia el avance incontenible de la tala ilegal y la corrupción en el estado. A todo ello se suma la falta de derechos de propiedad de las comunidades nativas, que les impide a estas explotar racionalmente sus riquezas forestales.

La tala ilegal alcanza dimensiones enormes principalmente porque las comunidades nativas NO tiene otra opción que vender sus recursos a los ilegales para poder sobrevivir. Hablamos de pueblos que están desconectados del resto del país y que no tienen acceso a servicios básicos que el estado debería brindarles: agua, desagüe, electricidad, salud, educación, seguridad. Y que tampoco tienen títulos de propiedad.

La tala ilegal de madera también existe porque el estado corrupto vende las guías falsas que permiten transportar este producto a los mercados, y, sobre todo, porque ha fracasado el 90% de las concesiones forestales que entregó el gobierno de Alejandro Toledo a gente sin experiencia en el negocio ni capacidad financiera, y que acabó vendiendo los recursos forestales a su cargo a los taladores ilegales.

El gobierno nacionalista hace bien en enfrentar la extracción y el tráfico ilegal de madera, pero lamentablemente está privilegiando las necesarias acciones de interdicción antes que la aplicación de políticas públicas que permitan explotar los bosques maderables disponibles para erradicar la pobreza extrema que impera en la Amazonía. Creemos que ambas políticas no son incompatibles, pero la prioridad debe ser, sin duda alguna, la promoción de la inversión privada con nuevas concesiones y la entrega de derechos de propiedad a las comunidades

Un segundo gran paso sería reconstruir las instituciones del estado encargadas de la protección de nuestros recursos forestales, que están hoy atravesada por la corrupción.

Diversos especialistas han señalado que si se lograra recuperar las concesiones abandonadas, en poco tiempo los nuevos inversionistas podrían producir unos US$ 5,000 millones en madera explotando solo unas 850 mil hectáreas de los bosques naturales disponibles, que representan solo ¡el 10% de esos bosques!.

Nuestras autoridades han lanzado una campaña de interdicción contra la tala ilegal que ha tenido como respuesta un paro en Loreto que amenaza con extenderse al resto de la Amazonía. Estamos al parecer ad portas de un conflicto social de mayor magnitud. El detonante ha sido la aplicación del DL1220,que declara de “necesidad pública e interés nacional” la represión de la tala y comercialización ilegal de madera; y el DL1237, que impone una pena de cárcel no menor de cuatro años ni mayor de siete a quien “adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca,desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir”. También se faculta a los fiscales del Medio Ambiente a destruir máquinas, equipos y herramientas, y a quitar el valor utilitario de la madera ilegal.

El estado no puede dejar de combatir el tráfico ilegal de recursos forestales, pero también está obligado a atacar el problema desde la raíz, para resolverlo con el menor costo social posible y con las mejores perspectivas de crecimiento económico de la Amazonía. Estamos hablando de una actividad económica mayoritariamente informal que da empleo a unas 43,000 personas.
La mejor manera de vencer a la tala ilegal es liberando las fuerzas económicas capaces de aprovechar de manera responsable el enorme potencial productivo de nuestros bosques maderables. Al fin y al cabo, lo que todos debemos procurar es alcanzar el objetivo mayor: rescatar de la pobreza a los pueblos amazónicos que viven hoy aislados, sin servicios básicos, ni derechos de propiedad.