¿Gobierno débil o Ejecutivo sin norte?

El ministro de Economía, José Arista, definió al actual Gobierno como uno débil por carecer de bancada y fuerza propia en el Congreso. La definición de Arista pretendía presentar una explicación de que Standard & Poor’s haya bajado la calificación crediticia del Perú, dejando a nuestra sociedad a un peldaño de perder el grado de inversión conseguido a través del esfuerzo de varias generaciones. 

Sin embargo, la presidente Dina Boluarte le enmendó la plana a Arista aseverando que el Ejecutivo no era débil, sino uno que construía madurez política para que adelante nadie quebrara la democracia, el Estado de derecho, y en menos de seis años existan seis presidentes. Y enseguida agregó que, si bien el primer gobierno de una mujer andina no contaba con bancadas en el Congreso, sí tenía grandes amigos en ese poder del Estado. De esta manera el Ejecutivo desnudaba diferencias y enmiendas públicas que revelan que cualquier cosa puede suceder en la cúspide gubernamental.

Sin embargo, el cruce de argumentos entre miembros del Gobierno nos da espacio para desarrollar un análisis más detenido sobre la naturaleza del actual Ejecutivo. Es incuestionable que el Gobierno y la propia Dina Boluarte han jugado un papel gravitante en la preservación del Estado de derecho frente al fallido golpe de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional de las milicias radicales que causaron más de 60 lamentables muertes de peruanos. Allí el balance es a favor del Ejecutivo, y seguramente el tiempo lo reconocerá.

Sin embargo, luego de detener el golpe fallido de Castillo, las amenazas a la gobernabilidad ya no estuvieron desde el lado del Congreso, porque se gestó una amplia mayoría de bancadas que respaldó la estabilidad y el camino hacia las elecciones del 2026. E igualmente, las amenazas a la gobernabilidad tampoco provinieron de la calle, porque las mayorías se distanciaron de las convocatorias radicales de las masas que llevaron a Castillo al poder. Era incuestionable, evidente, que las amenazas a la gobernabilidad iban a venir de los propios yerros gubernamentales.

Y efectivamente así fue. En vez de organizar un gobierno con coherencia económica para relanzar el crecimiento y la inversión privada y detener la creciente ola criminal, en el Ejecutivo se creyó que se podía gobernar con dos alas económicas: una que pretendía convertir a Petroperú en una nueva PDVSA y otra corriente que pretendían mantener el modelo económico. En este contexto, no se derogaron los decretos laborales anti inversión de Castillo, no se promovieron leyes a favor de la inversión y el año pasado se descontroló el déficit fiscal y la economía entró en recesión y consolidó una tendencia a aumentar la pobreza.

Un Ejecutivo sin coherencia en medio de las tendencias recesivas que había dejado el Gobierno de Castillo con sus campañas a favor de la constituyente y la nacionalización de los recursos naturales, era uno de los peores escenarios del país luego del golpe fallido. Y así sucedió. Esta situación se desarrolló en medio de una fragmentación superlativa en las bancadas del Legislativo –resultado directo de las reformas electorales del progresismo– y, poco a poco, se configuró este escenario que produjo la rebaja de nuestra calificación crediticia. Y si a estos hechos le agregamos la guerra entre Alberto Otárola y Nicanor Boluarte, tenemos todos los ingredientes de la fórmula gubernamental.

Las campañas fallidas del progresismo a favor de la vacancia presidencial, igualmente, acrecentaron el poder político del Congreso como garante de la estabilidad precaria del país. En este escenario, el ministro de Economía, por ejemplo, no observó la barbarie económica que representa la ley para un sétimo retiro de los fondos previsionales que deja a millones de peruanos sin pensiones y destruye el sistema de cuentas individuales. Asimismo, esa misma precaria estabilidad del Ejecutivo explica que el MEF no haya dicho nada frente a la decisión gubernamental de no renovar en la presidencia del Consejo Fiscal a Carlos Oliva.

Es evidente, pues, que la falta de coherencia económica, el déficit fiscal y la fragmentación política del país se están trayendo abajo el grado de inversión del Perú. ¡A enmendar el rumbo!