Editorial Política

Gobierno de facto versus gobierno republicano

La terrible disputa de poderes

Gobierno de facto versus gobierno republicano
  • 01 de octubre del 2019


Martín Vizcarra se atrevió a disolver el Congreso sin el refrendo del Gabinete ministerial, sin la publicación del decreto correspondiente y en el preciso momento en que el Legislativo aprobaba la cuestión de confianza alrededor del proyecto de ley que modifica el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). En otras palabras, Vizcarra se planteó disolver el Legislativo sin cumplir el procedimiento constitucional establecido. El refrendo ministerial es una condición impostergable de todo acto presidencial por las condiciones únicas de la inmunidad presidencial.

En este contexto, el Congreso, utilizando escrupulosamente lo establecido en la Carta Política, procedió a suspender a Vizcarra en el ejercicio de la jefatura de Estado y nombró a Mercedes Aráoz como presidenta encargada. Ayer por la noche se conocio la renuncia de Mercedes Aráoz. Sin embargo el problema continuaba.

De pronto, la República que había acumulado dos décadas de experiencia democrática a través de cuatro elecciones sin interrupciones, amaneció el 1 de octubre pasado con dos ejecutivos que reclamaban el poder.

Vizcarra, aparentemente, recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales y ordenó un cerco policial alrededor del Congreso para evitar que el poder Legislativo continuará sesionando. Las imágenes de la violencia de la policía y de algunos desadaptados en contra de los legisladores que pugnaban por entrar al Legislativo estremeció a los peruanos y a la comunidad internacional porque evocó, en el acto, la tragedia del pueblo venezolano. En Venezuela, como se sabe, el Ejecutivo clausuró la asamblea nacional y convocó a una constituyente. 

A entender de este portal, si bien el Gobierno de Vizcarra aparentemente cuenta con el respaldo militar y policial y de la mayoría, se ha constituido en un Gobierno de facto porque ha violado desde el principio a fin todos los procedimientos constitucionales establecidos en la Constitución de 1993. Es improcedente, por ejemplo, plantear una cuestión de confianza sobre un proceso de selección de magistrados al TC que desarrollaba el Congreso en pleno ejercicio de sus facultades. Si el Legislativo elegía a los jueces del mencionado tribunal es porque el constituyente consideró que esa prerrogativa era inherente del Legislativo como una manera de consagrar el equilibrio de poderes. Igualmente, el constituyente descartó explícitamente cualquier forma de participación del Ejecutivo en el proceso de selección. De lo contrario, la jefatura de Estado concentraría tal cantidad de poder que sería imposible hablar de una república con equilibrio y control del poder político.

De allí que la decisión del Congreso de continuar con la votación para elegir a los magistrados del TC solo se puede entender como una decisión de defender la Constitución cueste lo que cueste, no obstante la evidente mayoría en contra y la campaña de los medios que parecía apoyar la idea de que el proceso de elección de los jueces del TC era una “maniobra fujiaprista para blindar a la corrupción”.

Y es que las constituciones republicanas suelen liquidarse de dos maneras: Con convocatorias a asambleas constituyentes, como suele suceder con las democracias plebiscitarias de América Latina, o cuando los asaltos plebiscitarios —que invocan a mayorías, a “la voluntad del pueblo”— convierten la Carta Política en letra muerta. Y es lo que, de alguna manera, pretendió hacer la propuesta de la cuestión de confianza planteada por Vizcarra. ¿Cómo así el Ejecutivo iba a decidir sobre una función inherente del Congreso y presionar a aprobar una norma a congresistas que no están sujetos a mandato imperativo, según la Constitución Política del Perú? ¿Cómo?

Por todas estas consideraciones hoy en el Perú existe un Gobierno de facto y un Gobierno republicano al margen de qué sector recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales. Y como todos sabemos, los gobiernos de facto nacen de un golpe de Estado y transforman al caudillo en un dictador más en la tropical historia latinoamericana.

  • 01 de octubre del 2019

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