¿Gamarra condenada a muerte?

En este portal lo hemos repetido hasta la saciedad: de la manera en que el Estado enfrente la informalidad que entrecruza más del 60% de la economía y el 72% de la masa laboral –hasta antes del coronavirus– se definirá el futuro de la pandemia y la recesión. Un caso paradigmático es la situación del emporio comercial de Gamarra, emplazado en la Victoria, el distrito con más contagiados por el Covid-19. El alcalde George Forsyth, quien tuvo el mérito de enfrentar a las mafias enquistadas en el municipio, tiene el peligroso demérito de no comprender un ápice del fenómeno de la informalidad. 

Ante el avance de la pandemia, el alcalde cree que cerrando ese centro comercial y persiguiendo a los ambulantes estará en condiciones de detener las oleadas de hambrientos y desnutridos que se ubican en las arterias gamarrinas. El resultado es todo lo contrario a lo esperado: más desorden, menos distancia social y seguramente más contagios.

Quizá se debería leer los libros de Hernando de Soto para comprender de dónde proviene la informalidad; un asunto estrictamente económico y social que se origina en las sobrerregulaciones que el Estado ha levantado en los ministerios, las regiones y los municipios. La legalidad es tan cara que un pobre solo podría ser formal si perdiera todo su capital, o quizá ni siquiera le alcance para lograr formar una empresa o cumplir con las obligaciones tributarias y laborales.

El emporio comercial de Gamarra agrupa a 30,000 talleres de confección y empleaba –hasta antes de la pandemia– a 100,000 trabajadores. Sin exageraciones, alrededor de un millón de personas dependían directamente e indirectamente de las actividades del clúster textil. Los trabajadores y operarios venían de todos los conos de Lima, y los ambulantes bajaban de los cerros El Pino, San Cosme y Yerbateros, y de las zonas colindantes con el Agustino y Barrios Altos. Todas esas actividades hoy están paradas, y la gente comienza a morirse de hambre. Sí, no es exageración. El hambre comienza a matar por los más de dos meses y medio de para en la economía. Y no hay lugar a dudas de que matará más que la pandemia.

Lo peor de todo es que en el municipio de La Victora no se quiere dialogar con estos empresarios, que han emergido en los últimos 50 años. Por ejemplo, solo se permite el comercio electrónico sin la presencia de clientes. Igualmente se pueden abrir los talleres, pero los clientes de confecciones no pueden entrar. Los dueños de talleres tienen que despachar con sus clientes en las calles aledañas, sentados en sus carros, temerosos de ser intervenidos por serenos o policías. En Gamarra todos comienzan a llorar, los ricos y los pobres, porque décadas de ahorro se vienen abajo.

La lógica del Estado debería ser todo lo contrario. Se debería buscar un acuerdo con los empresarios de las galerías para organizar un sistema de funcionamiento del emporio en base a la distancia social, el uso de tapabocas y el lavado de manos. Las principales galerías tienen todas las posibilidades de implementar estos sistemas. El Ejecutivo y el Gabinete deberían mirar con extrema preocupación lo que está sucediendo en Gamarra, y conocer la desesperación que comienza a apoderarse de los comerciantes provincianos. Si las cosas no se enrumban, los problemas y el conflicto social puede adquirir un curso inesperado.

Seguramente a muchos no nos gusta Gamarra. Nos gustaría que las galerías no hubiesen sido construidas medio siglo atrás, con problemas que hoy cuestiona el Instituto de Defensa Civil; nos gustaría que todos los sistemas de emergencia estén implementados, como en los locales de Saga y Ripley. Pero estamos en el Perú, un país que luego de la pandemia tendrá una tercera parte de su población debajo de la línea de pobreza.

Y leyendo a Hernando de Soto, nuestros políticos entenderían que la informalidad no se puede detener, porque es un movimiento de sobrevivencia en donde el grito es ¡venta o muerte! Desde el velascato todos quieren detener las migraciones, las construcciones informales en los conos y los mercados emergentes y populares que han surgido por todos lados. No nos extrañemos de que luego de la pandemia la informalidad se expanda a las clases medias y las clases altas. Miren nomás los negocios de delivery en las redes. La cosa está demasiada complicada como para querer cerrar Gamarra. Por favor, señores del Ejecutivo, una mirada especial a Gamarra. Evitemos que el conflicto se dilate y se vuelva incontrolable.