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¿Qué hace el ministerio de Cultura patrocinando documental que demoniza minería?
En medio de la ofensiva radical que busca bloquear las inversiones en recursos naturales para liquidar el modelo económico, que ha disminuido la pobreza como nunca antes, se anuncia el próximo lanzamiento de un documental de cine que presenta al líder antiminero Marco Arana como una suerte de ángel de la guarda de una campesina pobre y abusada por una compañía minera. Hasta aquí no hay ninguna novedad, pues las ONG ambientalistas producen regularmente ese tipo de películas para recaudar fondos entre los incautos europeos y estadounidenses. Lo sorprendente e indignante es que el Ministerio de Cultura ha patrocinado y premiado semejante producción propagandística.
La historia del mencionado filme ha sido construida en base a mentiras fabricadas por Arana y el partido Tierra y Libertad. Según este relato, Máxima Chaupe -protagonista del documental- y su esposo Carlos Chaupe son dueños del terreno que ocupan en Tragadero Grande, en Sorochuco, Cajamarca, y la minera Yanacocha pretende despojarlos de esa tierra sin tener ningún derecho, abusando de su poder económico. Como pruebas muestran un certificado de posesión otorgado por la comunidad de Sorochuco y su supuesta residencia en ese lugar desde enero de 1994, asegurando además que es su única propiedad.
Sin embargo, está probado que el único título de propiedad de esas tierras le perteneció a la comunidad de Sorochuco, que las vendió a Yanacocha -incluso Tragadero Grande- por acuerdo de sus miembros, entre ellos Samuel Chaupe, suegro de Máxima. Además, fotografías satelitales de 1994 demuestran que el lote que ocupan hoy los Chaupe estaba vacío entonces. Recién lo invadieron el 2011, cuando estalló el conflicto de Conga.
Pero la supuesta campesina indigente que muestra la película resultó ser dueña, junto con su esposo, de ¡nueve predios!, seis en el distrito de Sorochucho (Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Alucha) y tres en el distrito de Huasmín (Sigues, Playa de Sigues y Nueva Chica). Lo raro es que consiguieron esas propiedades el 2004 y el 2005, tras demostrar la posesión prolongada de las mismas. ¿Cómo lo demostraron, si dicen que en esos años vivían en Tragadero Grande?
Antes de conocerse sus propiedades, Máxima Chaupe declaró a la prensa cajamarquina que Yanacocha la había amenazado de muerte y que si moría quería que la entierren en Tragadero Grande porque “es la única propiedad que tengo” También declaró a Cajamarca Reporteros que “compré mi terreno sufriendo, sin comer un pan, sin vestirme una ropa, sin dormir”. Esta es la dimensión de la mentira auspiciada y promovida por el Ministerio de Cultura.
Las preguntas lógicas que emergen son: ¿La Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, ignora quién es y a qué se dedica Arana? ¿Por qué su ministerio mantiene su patrocinio a esta apología fílmica de Arana llamada “La hija de la laguna”? ¿Quién asume la responsabilidad política de haber convertido al estado en caja de resonancia de la propaganda antiminera?
Había que ser demasiado ingenuo para premiar una película producida por Tito Cabellos, un cineasta de conocida tendencia ecologista radical, como lo demuestra su propia filmografía: “Choropampa, el precio del oro”, “Tambogrande: Mangos, Muerte, Minería”, y “De ollas y sueños”, todos antimineros.
Nadie pretende que Cabellos sea censurado, él es libre de producir y exhibir lo que quiera. Lo inadmisible es que el estado lo patrocine a sabiendas que sus filmes contribuyen a sustentar la narrativa antiminero plagada de mentiras que explican la violencia que hemos visto en Tambogrande, Bagua, Pichanaki, Antapaccay, Conga, Islay, etc., y que ha ocasionado tanta muerte, destrucción y empobrecimiento.
Por extraña coincidencia, el filme antiminero será estrenado justo en un año electoral, como para apuntalar el proyecto político de Tierra y Libertad y la ONG Grufides: Marco Arana candidato presidencial.
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