¡Estatuto especial para nuestros soldados y policías durante estados de excepción!

Se acaba de conocer que una fiscalía de Ayacucho ha incluido en una investigación preliminar a un general del Ejército Peruano (EP) y otro general de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las lamentables muertes de ocho peruanos durante el intento de asalto al aeropuerto de Ayacucho. No obstante que todos los peruanos contemplamos a través de videos la forma responsable cómo los soldados del ejército intentaron disuadir a las vanguardias radicales que tomaron una pista del complejo, los núcleos extremistas asaltaron el aeropuerto Alfredo Mendívil. El trágico resultado de la acción comunista: la muerte triste e inaceptable de ocho connacionales.

Sin embargo, para cualquier peruano de buena voluntad, ¿acaso existe alguna duda sobre quiénes son los responsables de la tragedia? Es evidente que no. Todos sabemos quiénes son los culpables de esas muertes: provienen de organismos de fachadas y movimientos políticos comunistas y extremistas. 

Sin embargo, algunos sectores progresistas, las oenegés de izquierda y algunos magistrados del sistema de justicia consideran que las responsabilidades están del lado de los oficiales que ordenaron el uso legítimo de la fuerza. Dichos sectores ignoran o no les interesa que el Perú enfrente un proceso insurreccional: bloqueos de las vías nacionales para desabastecer a las ciudades, ataques a la infraestructura energética e hídrica del país, incendios y saqueos de grandes empresas que crean miles de empleos, y virulentas acciones de guerra en contra de cinco aeropuertos del país.

¿Qué se pretende? ¿Acaso que los soldados y los policías acompañaran pacíficamente a las milicias radicales a destruir el aeropuerto de Ayacucho? No estamos entonces ante un debate racional en que se respete la Constitución, el Estado de derecho y las leyes nacionales. Enfrentamos núcleos ideologizados que pretenden destruir la moral de las fuerzas armadas y policiales para que ellas se paralicen ante el avance insurreccional de las milicias radicales.

Ante esta situación sugerimos que la mayoría del Congreso –que defiende la Constitución y el Estado de derecho– apruebe un estatuto especial para las fuerzas armadas y policiales durante los estados de excepción autorizados por la Constitución Política. En otras palabras, si un gobierno constitucional establece el estado de emergencia y el estado de sitio y encarga a las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú el resguardo de activos críticos (vías nacionales, sistema energético nacional, sistema hídrico nacional, aeropuertos, dependencias públicas y grandes complejos empresariales), el uso legítimo de la fuerza de parte de las instituciones del orden debe tener un estatuto especial.

¿A qué nos referimos? En estos casos, si un sector de la sociedad cuestiona el uso legítimo de la fuerza en la defensa de activos críticos durante los estados de excepción decretados por un gobierno constitucional, el encargado de investigar y procesar el cuestionamiento únicamente debe ser el fuero militar. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento del uso legítimo de la fuerza del soldado y policía se contrapone a estados de excepción amparados por la Constitución y el Estado de derecho, bajo una circunstancia especial, por lo cual constituiría claramente un delito de función.

Sin embargo, si el cuestionamiento del uso legítimo de la fuerza continúa por un sector de la sociedad, a nuestro entender, el camino debería ser plantear una contienda de competencia en la Corte Suprema del Perú para resolver si el caso se sigue viendo en el fuero militar. Semejante procedimiento es el que se utiliza en todas las democracias consolidadas del planeta en donde impera la ley y el orden.

Creemos que una legislación en este sentido está en absoluta sintonía con la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. De lo contrario, los demócratas estaríamos aceptando que se tuerza el Estado de derecho para desarmar a nuestros soldados y policías, una situación que facilitaría el avance del proceso insurreccional que desarrollan las vanguardias comunistas. El Congreso tiene la palabra.