Espinar o la “caja de Pandora”

La reciente noticia de que se destinará S/ 44 millones para ser distribuidos entre la población mayor de 18 años de Espinar, como parte del llamado Bono Solidario, marca un antes y un después en la relación entre la sociedad, el Estado y las empresas mineras. Y además ha abierto una auténtica “caja de Pandora”.

El día viernes pasado se firmó un Acta que ponía fin al largo paro que la mayoría de la población de la provincia de Espinar, en la región Cusco, había acatado contra la continuación de las operaciones de la empresa minera Tintaya-Antapaccay. La medida de protesta, que tuvo momentos muy violentos, era motivada por la tozudez de algunas autoridades, líderes sociales, políticos y organizaciones no gubernamentales de izquierda, que exigían la entrega del Bono Solidario; es decir, la distribución para cada espinarense mayor de 18 años de un bono de S/ 1000 que se tomarían del Fondo de Desarrollo de Espinar, un fondo de inversión cuya finalidad es el desarrollo de diversas infraestructura en la zona.

El motivo de la entrega era hacer frente a los estragos de la pandemia del Covid-19. Para ello, en una sesión exprés, una parte de los integrantes y representantes del Fondo de Desarrollo de Espinar se concentraron en la Municipalidad Provincial de Espinar –cuyo alcalde es Lolo Arenas, un político de izquierda– para votar a favor de la entrega. No obstante, la decisión unánime y arbitraria contravenía toda legalidad, porque el Fondo de Desarrollo de Espinar tiene un reglamento en el que indica que el dinero (más de S/ 100 millones) debe ser empleado para la ejecución de infraestructura y gastos de capital (escuelas, postas médicas y carreteras), y no para gastos corrientes. Asimismo, la decisión del destino de los recursos, según su reglamento, debe ser consensuada, y no debe ser dispuesta de manera arbitraria por ninguno de los que componen el directorio.

De allí entonces que con la firma del Acta, que levanta las violentas protestas, se ha roto todo marco de legalidad. Además se ha abierto un escenario de incertidumbre en la zona, que puede extenderse a todo el corredor vía del sur, donde están otras unidades mineras importantes para el país. ¿Por qué? El Fondo de Desarrollo de Espinar, resultado de un Convenio Marco entre la población y la empresa minera, establecía un pacto, un contrato que fijaba y ordenaba la relación entre las comunidades, las autoridades y las inversiones mineras. Pues bien, este pacto se ha roto desde que, de manera arbitraria, una parte (autoridades, líderes sociales y organizaciones no gubernamentales de izquierda) ha decidido utilizar, sin un mínimo marco de legalidad, el dinero del Fondo.

¿Son entendibles las exigencias de la población y autoridades para la distribución del Bono Solidario? Nadie puede negar que la recesión ha aumentado la pobreza y la vulnerabilidad de la población. Si se trata de programas de ayuda social, para eso se creó el Estado, que se ha llenado los bolsillos de dinero con los impuestos recaudados a las mineras. Si no hay ayuda social y menos escuelas, postas médicas ni carreteras, las empresas no pueden suplantar al Estado, a menos que se produzca una estatización de facto.

En la última década la provincia ha reducido la pobreza como jamás en su historia (una reducción de alrededor de 50%) y la economía gira en torno a la minería, una economía de servicios y comercios. Asimismo, la empresa minera ha permitido la creación de diversos proveedores locales que no fueron afectados por la pandemia, porque la cadena de pagos jamás se rompió. Es decir, hubo liquidez en medio del colapso económico. En suma, a pesar de que aún hay pobreza, menor al promedio nacional, la exigencia de un bono solidario era una demanda política e ideológica.

En la zona existen diversas organizaciones no gubernamentales (como Derechos Humanos sin Fronteras) que han azuzado las protestas. ¿Por qué? Porque su pretensión real es liquidar las inversiones mineras en el corredor minero, y hasta se han inventado muñecos como la supuesta contaminación por metales pesados, soslayando el hecho de que el agua de los ríos tiene una contaminación natural por los volcanes. Entonces es casi seguro que dicha ONG continuará con su campaña, en Chumbivilcas y Cotabambas, contra Hudbay y Las Bambas.

Lo que ha ocurrido en Espinar en los últimos días abre una auténtica caja de Pandora, porque crea incertidumbre. El mensaje es que cualquier población se puede levantar, exigir y contravenir todo marco legal. Muy lamentable para las inversiones mineras en el país.