Entre el autoritarismo y el caos

Sobre las propuestas populistas y desesperadas contra la delincuencia

El avance de la ola criminal ha desatado propuestas autoritarias de carácter populista que buscan la aprobación popular e iniciativas que alientan “la privatización” de la seguridad ciudadana. En ambos casos la democracia y la gobernabilidad quedan maltrechas y la idea de un estado de derecho, de un contrato social en el que estado democrático ejerce el monopolio de la violencia cede a la ley de la selva.

El ex presidente Alejandro Toledo ha decidido ganar simpatías e incrementar su intención de voto asumiendo la propuesta de algunos alcaldes y dirigentes vecinales de Lima que exigen que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir a la delincuencia. Otro político en campaña, gobernador de La Libertad, César Acuña, también ha pedido la intervención de los militares alegando que es un “clamor popular”. Y el alcalde limeño de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, ha apoyado públicamente la campaña “chapa tu choro”, que promueve que los ciudadanos detengan y linchen a los delincuentes.

La postura de Toledo y Acuña se dirige al 87% de peruanos que cree que las Fuerzas Armadas deberían intervenir para detener la ola criminal. La idea de que las fuerzas armadas intervengan en las calles violentaría el funcionamiento de instituciones fundamentales de la democracia como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra este flagelo. Además, el combate contra la delincuencia en libertad es un asunto que demanda una intensa participación ciudadana para elaborar políticas públicas adecuadas. Finalmente, militarizar el problema  deja de lado la inteligencia policial, herramienta vital para enfrentar esta lacra social.

En Venezuela, por ejemplo, el autócrata Nicolás Maduro ha optado por militarizar con un resultado terrible: 80 muertos solo en el último mes y medio, según un consolidado de los comunicados oficiales de la policía. Los militares intervinieron en octubre y desde entonces han aumentado las denuncias de ejecuciones sumarias de presuntos delincuentes.

Otras experiencias parecidas se han registrado en El Salvador, Honduras y Guatemala, con el mismo resultado. En México, se tuvo que movilizar a fuerzas militares especiales contra el narcotráfico porque los sicarios del narco superan en equipamiento y armamento a la policía, pero los resultados han sido terribles.

La posición del alcalde Javier Altamirano responde en cambio a una mezcla de impotencia y desesperación que se ha apoderado de muchas autoridades locales que enfrentan a diario la presión de sus vecinos, que les exigen que haga algo para frenar la creciente inseguridad. Sin embargo, su propuesta también es inviable

Ninguna nación democrática puede legitimar el linchamientos de presuntos delincuentes. Si el gobierno lo permitiera abriría las puertas del caos total, se dejarían de lado el imperio de la ley y los derechos fundamentales, y el país ingresaría en una vorágine incontrolable de sangre y violencia de consecuencias impredecibles.

El cualquier caso, el gobierno y el estado deberían entender que la sociedad está llegando a un límite en el cual diversas instituciones pueden ser arrasadas por las lógicas privadas. Es difícil detener la autodefensa de los ciudadanos cuando el estado abandona la función de proveer orden y seguridad.

El hecho de que avancemos hacia un proceso electoral no debe ser una excusa para que el gobierno y el estado en general renuncien a sus responsabilidades contra la ola criminal. Muy por el contrario, deberían aprovechar la indignación ciudadana para encauzarla dentro de la legalidad, de modo que la acción de policías, fiscales, jueces, alcaldes y serenazgos se convierten en una sola fuerza que golpee a la delincuencia.