¡Enfrentar a la anarquía con un nuevo Gabinete!

Los 20 muertos que han causado las bandas criminales que desarrollan extorsiones, secuestros y utilizan a sicarios para controlar rutas de transporte y territorios, durante el estado de emergencia en 14 distritos de Lima, deja en claro que no existe una política de Estado, una alternativa que movilice y unifique a las instituciones en función de objetivos de corto y mediano plazo. 

En ese contexto, quienes pretenden liderar la lucha contra el crimen son las izquierdas –la progresista, la neocomunista y la comunista–, las mismas que en las últimas dos décadas ha bloqueado la acción de las fuerzas armadas y de la policía nacional (PNP) en la defensa del Estado de derecho, a través de persecuciones judiciales para, supuestamente, salvaguardar Derechos Humanos. Las izquierdas intentan subirse a la ira de los transportistas en contra del desborde de la ola criminal ocultando que tienen mucho que ver en la destrucción de nuestras fuerzas de seguridad.

Desde un sector del Ministerio Público se anuncia que no se aplicará la Ley 32130 –recientemente aprobada en el Congreso– acerca de que la investigación preliminar estará a cargo de la Policía Nacional del Perú. Desde cualquier punto de vista y, al margen de las posiciones en debate, ningún fiscal puede inaplicar una ley invocando que la Constitución está por encima de la ley. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden inaplicar una ley para un caso concreto, invocando un criterio constitucional superior, son los jueces del Poder Judicial. Y, como todos sabemos, el Tribunal Constitucional, igualmente, puede fulminar una ley –es decir, derogarla– con el control constitucional concentrado. 

La posición de un sector de los fiscales, pues, revela que el Perú ingresa a una peligrosa anarquía institucional, en medio del desborde de una ola criminal que se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, que amenaza la vida, la propiedad y la libertad de los peruanos.

El objetivo de la izquierda progresista y neocomunista es adelantar las elecciones a tontas y locas para ver si este sector puede pescar, como se dice, en el río revuelto. Sin embargo, en la medida que el progresismo y la izquierda neocomunista agiten a favor de un nuevo paro nacional para el próximo 23 es evidente que las acciones de protesta se debilitarán. El desprestigio del progresismo en las grandes mayorías es incuestionable, en la medida que los peruanos identifican a este sector como el principal promotor de la elección de Pedro Castillo; es decir, que son los responsables del momento en que todo comenzó a rodar cuesta abajo.

Sin embargo, más allá de evaluaciones certeras o no sobre el futuro de las protestas en contra del Ejecutivo, la presidente Dina Boluarte necesita presentar una respuesta política para enfrentar la anarquía institucional, política y social. Y esa respuesta de alguna manera está vinculada a un cambio de Gabinete.

La situación de anarquía que se expande demanda un nuevo Gabinete de amplia base que sea consultado con todos los sectores políticos de buena voluntad. Un Gabinete de personalidades con gran predicamento, que restablezca el principio de autoridad, en el Estado y la sociedad sobre la base de una política de Estado para enfrentar la ola criminal que amenaza a la seguridad nacional.

A estas alturas es necesario discutir el ingreso de las fuerzas armadas en la lucha contra el desborde criminal con el objetivo de recuperar territorios y desarrollar cercos masivos a las guaridas de los delincuentes y las cadenas del delito. Desconocer la necesidad de la participación de las FF.AA. es no haber entendido la naturaleza de la ola criminal que amenaza a la seguridad nacional, es permanecer aherrojado por las narrativas progresistas que solo buscan aprovechar políticamente la crisis. Con las fuerzas armadas desarrollando ese papel, la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los municipios y los serenazgos, podrán converger en objetivos de mediano y largo plazo para desactivar a las cadenas del delito.

Sin embargo, cualquier propuesta de buena voluntad será ilusa, un papel que se lleva el viento, si no se reorganiza o se convoca a un gabinete de amplia base. De lo contrario, el Perú seguirá por la tendencia de la anarquía, del derrumbe institucional, porque es evidente que ningún sector, ninguna encuesta, tiene la fuerza para alterar el cronograma institucional del país.