En una sociedad democrática, ¿quién financia a los partidos?

La respuesta a la pregunta del título de este editorial, de alguna manera, ha sido respondida por más de dos siglos de democracia moderna. En las democracias más consolidadas, como las de Estados Unidos y el Reino Unido, el financiamiento de los partidos políticos se basa en el aporte del sector privado, sin límites ni restricciones, siempre y cuando sean bancarizados y declarados ante la autoridad tributaria.

De esta manera no solo se promueve la transparencia, sino que los partidos políticos se consolidan y se crean sistemas partidarios estables, tal como sucede con el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los Estados Unidos y el Partido Conservador y el Laborista en Inglaterra.

Por otro lado, la influencia de las corrientes progresistas y neocomunistas ha impulsado que muchas democracias europeas busquen mecanismos de financiamiento mixtos, basados en la redistribución de recursos del Estado y el aporte privado. Para nadie es un secreto que los sistemas de partidos en Europa están en crisis y, de una u otra manera, se conoce de la proliferación de nuevas derechas e izquierdas y de la resurrección de algunos autoritarismos.

En el Perú el progresismo hizo pasar una reforma para limitar el aporte del sector privado a los partidos con el argumento de evitar “la desigualdad” en la política pública y también contra el intento de las empresas y grupos privados de “financiar a los partidos a cambio de prebendas mercantiles”. El argumento sacado del arsenal neocomunista –que parte de considerar al empresario como sospechoso de todo lo malo de la sociedad– se materializó en el referendo que convocó Martín Vizcarra antes de cerrar inconstitucionalmente el Legislativo.

De esta manera el aporte privado a los partidos sufrió serias limitaciones. Las personas jurídicas con fines de lucro –es decir, las empresas– no podían financiar a los partidos, únicamente podían hacerlo las personas naturales. Mientras tanto el Estado se convertía en el gran asignador de recursos de los partidos a través del sistema electoral. Semejante estado de cosas ha desencadenado cosas absurdas como el hecho de que Perú Libre siga recibiendo los mismos montos del Estado por haber logrado elegir a 47 congresistas, no obstante que luego se fraccionó hasta en seis bancadas.

Sin embargo, lo más grave de todo tiene que ver con la irrupción de las economías ilegales en el financiamiento de la representación a nivel de municipios, gobiernos regionales, bancadas legislativas y otras dependencias estatales. Los partidos antisistema, que proponen asambleas constituyentes para redactar una constitución anticapitalista, en los últimos meses están desarrollando un despliegue de organización, infraestructura y recursos que solo puede provenir del financiamiento de las economías ilegales. Y es evidente que las economías ilegales financiarán a los sectores que proponen acabar con el Estado de derecho y el sistema de derechos de propiedad nacidos de la Constitución de 1993.

Sí, aunque parezca mentira, la reforma progresista que limita el aporte privado no ha producido ninguna igualación de recursos entre los partidos, sino ha inclinado la balanza a favor de la relación de las economías ilegales con la política. De allí la enorme importancia y la urgencia de procesar una reforma que desregule el aporte privado a los partidos políticos, siempre y cuando todos los recursos sean bancarizados y declarados ante la autoridad tributaria. 

En ese sentido, la última encuesta que el Centro Wiñaq encargó a Datum Internacional es extremadamente reveladora. En el sondeo se registra que 8 de cada 10 peruanos considera que las economías ilegales influyen en la política; es decir, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y otras ya están en el espacio público. Asimismo, el 60% de los entrevistados señala que el financiamiento de los partidos debe provenir de las personas naturales y jurídicas.

Las cosas, pues, están extremadamente claras. Las sociedades con democracias consolidadas son aquellas que promueven la desregulación general del aporte privado formal; es decir, del sector que paga impuestos y crea la riqueza general de la sociedad.