El progresismo y el comunismo: dos caras de la misma moneda contra el Perú

El 2023 el Perú apenas crecerá menos de 1% del PBI y, si las cosas no cambian, el 2026 la pobreza sobrepasará el 30% de la población nacional. El frenazo económico y la caída de la inversión privada únicamente suele atribuirse al Gobierno de Pedro Castillo y las campañas destructivas por la constituyente y las nacionalizaciones. Sin embargo, semejante análisis solo revela una parte de la verdad. Desde el 2014 el Perú dejó de crecer a tasas sobre el 6% promedio anual y la inversión privada dejó de multiplicarse en dos dígitos en promedio. Desde el Gobierno de Ollanta Humala el crecimiento se lentificó y la pobreza apenas se redujo.

Algunas proyecciones, en los primeros años del nuevo milenio, señalaban que si el Perú seguía creciendo en 6% en promedio anual hacia el 2021 el ingreso per cápita podía igualar el piso de uno desarrollado. Desde el 2014 el país lentificó su crecimiento, la inversión privada dejó de crecer en dos dígitos y la pobreza ya no se redujo en varios puntos. Si nunca hubo un gobierno comunista como el de Castillo, ¿cómo se explica la pérdida de esa oportunidad histórica?

La única explicación: el avance y el control del progresismo del Estado en base a narrativas y relatos dominantes en la sociedad, y al margen también de los gobiernos electos. Pero antes vale preguntarse cómo podría definirse el progresismo. Esta corriente plantea la libertad absoluta de los individuos y la creación de todos los derechos habidos y por haber. Sin embargo, para avanzar en la ampliación de los derechos el progresismo tiende a empoderar al Estado, al burócrata, al funcionario, como el garante de esos derechos. Detrás del progresismo suelen estar –a veces no– los relatos que demonizan al empresariado.

Sobre el predominio de estas narrativas, desde el Gobierno de Alejandro Toledo hasta la tragedia y devastación de Castillo, el Estado peruano se burocratizó hasta convertirse en el principal enemigo de la inversión privada. El caso del Ministerio del Ambiente es paradigmático: se crearon hasta 265 procedimientos para otorgar autorizaciones y licencias en minería. Y en general, el Estado se llenó de todos los procedimientos habidos y por haber. La respuesta de la sociedad ante el fenómeno fue mantener e incrementar la informalidad.

En este contexto de sobrerregulación extrema los principios desreguladores de la Constitución de 1993 y de los 22 tratados de libre comercio se convirtieron en letra muerta y, sin necesidad de instalar una administración como la de Castillo, el Estado se volvió uno anticapitalista.

Un sector de la gerencia corporativa (el llamado capitalismo woke) considera que el progresismo es aliado de un proyecto republicano y de la economía de mercado, porque el progresista no suele atacar directamente el régimen económico de la Constitución ni plantear una constituyente. Grave error. Derrumbado el proyecto de Castillo queda el Estado burocrático, con el cual es imposible volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza como antes. Imposible.

Si a la tendencia a la burocratización del Estado le agregamos que el progresismo desarrolló uno de los relatos más corrosivos y destructivos de la historia del país (la polaridad entre fujimoristas versus antifujimoristas), que terminó destruyendo todos los logros institucionales y económicos del país de las últimas tres décadas, entonces es incuestionable que el progresismo no es sino la otra cara, más bonita, del comunismo. 

Imagine, amigo lector, que luego de la caída del fujimorato, a inicios del nuevo siglo, hubiese habido un acuerdo nacional que evitara la polarización entre fujimoristas y antifujimoristas, ¿qué hubiese acaecido en el Perú? En primer lugar, Castillo nunca habría llegado al poder, porque las sociedades se suicidan eligiendo el peor solo cuando una narrativa cuasi fascista se ha vuelto dominante en la sociedad. Y Castillo nunca habría llegado al poder porque la judicialización de la política, de claros rasgos fascistas, nunca habría acabado con la clase política nacional que, mal que bien, fue el muro de contención del comunismo en el siglo XX.

El progresismo burocratizó el Estado y bloqueó cualquier reforma estatal para convertir al sistema estatal en anticapitalista. Igualmente, persiguió y judicializó a toda la clase política nacional (con el cuento de la lucha contra la corrupción) para limpiar el sistema político y luego encumbrar al Gobierno de Castillo, uno de los peores de la historia republicana.

¿Acaso alguien duda del papel del progresismo contra el Perú?