El Presidente aventurero y del plebiscito permanente

El presidente Vizcarra es un aventurero sin control. De eso ya no existe la menor duda. Si en el mensaje de Fiestas Patrias no se decidió por cerrar el Congreso —argumentando que no se habían cumplido “las esencias” de los proyectos de reforma política que el Ejecutivo presentó— fue porque no encontró el argumento constitucional apropiado, porque las encuestas eran demasiado veleidosas y porque, de una u otra manera, las Fuerzas Armadas se habían expresado en el sentido de no apoyar ninguna aventura inconstitucional.

Sin embargo, fiel a su estilo, volvió con la lógica plebiscitaria, a pretender representar la indignación ciudadana contra los errores acumulados en el Congreso. Luego de un largo y tedioso discurso, en el que se enumeraron los actos y las cifras registradas por un elefantiásico e ineficiente Estado, propuso el adelanto general de elecciones para el 2020. Propuso que se fueran todos; es decir, los miembros del Congreso y él mismo. Sin embargo no precisó si él iba a ser candidato o no en esos eventuales comicios adelantados. Incluso habló de realizar un referéndum.

De esta manera, se cerraría la posibilidad de cancelar la guerra política que Vizcarra inició con el referéndum del año pasado, y que continuó con las propuestas de reforma política de los llamados “notables”. Es evidente, pues, que el mayor terror del presidente Vizcarra es asumir los verdaderos problemas de la gobernabilidad. En otras palabras, el mayor pánico del jefe de Estado es absolver las preguntas vinculadas al crecimiento, al proceso de reducción de pobreza, la lucha en contra de la ola criminal, el combate a la anemia y la reconstrucción del norte y otras zonas devastadas del país.

De su largo mensaje al país, pues, solo se recordará la manera cómo llevó a la institucionalidad republicana al borde del abismo, a un abismo en que ni siquiera sus tan mentadas “reformas políticas” podrían concretarse, por ser iniciativas en pleno desarrollo legislativo y constitucional. Porque debemos decirlo con absoluta claridad: un jefe de Estado que —de acuerdo a la Carta Política— representa al soberano (según lo expresado en las urnas) y que actúa con irresponsabilidad, tiene todas las posibilidades de desatar una crisis política si es que desarrolla una guerra abierta contra otro poder soberano, como el Legislativo. Y Vizcarra así lo ha hecho.

En el Perú profundo, en las zonas excluidas del país y en los mercados formales e informales, comienza a cundir el desconcierto general frente a una guerra política que alientan los medios tradicionales, los sectores comunistas y, en general, todos aquellos sectores que pretenden acabar con el modelo económico establecido en la Constitución Política del Perú. Quizá por ese motivo el extraño anuncio de Vizcarra acerca de que La ley General de Minería tiene ya 30 años y que, por lo tanto, había que pensar en formular una nueva que “garantice inversiones y minería social” se escuchó como una verdadera detonación en contra de la economía de mercado. Pues, valgan verdades, sin la Ley General de Minería actual sería imposible explicar el crecimiento de la economía y el impresionante proceso de reducción de pobreza que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. La idea de una nueva norma de minería, al parecer, es una especie de bandera blanca para los núcleos comunistas y los sectores antimineros que pretenden paralizar todas las inversiones mineras en el llamado Corredor Minero del Sur, en donde se produce más del 50% del cobre nacional del Perú.

En síntesis, el gobierno de Vizcarra ya es uno de los peores del último medio siglo, junto al llamado velascato. Además, en el vizcarrismo hay una frivolidad e irresponsabilidad extremas. La regla es desatar conflictos artificiales para evitar ser cuestionado alrededor de los problemas reales de gobernabilidad. Al final, estamos seguros, la aventura no pasará.