El nuevo gobierno recibirá un Estado enorme, pero en ruinas

La presidente Keiko Fujimori ha designado un equipo de transferencia para el período gubernamental 2026-2031, que está liderado por Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, y Miguel Torres, segundo vicepresidente y senador electo. El trabajo de este equipo de transferencia, a nuestro entender, tiene una importancia superlativa no solo con respecto al traslado de funciones gubernamentales, sino sobre todo vinculado al diagnóstico y la situación del Estado que recibe la nueva administración a instalarse en unos días.

El diagnóstico del Estado, de las finanzas públicas y de la obra pública paralizada a nivel de regiones y municipios representa una especie de inventario, una especie de auditoría que, de una u otra manera, pasará a formar parte de los asuntos políticos, sobre todo considerando que el nuevo gobierno deberá comenzar a ganar los partidos desde pitazo inicial, como se suele decir. He allí los temas del desborde criminal que afecta a la sociedad y una carrera contra el tiempo para tratar de contener los efectos destructivos de un eventual fenómeno de El Niño.

El diagnóstico, pues, tendrá un enorme efecto en la política en medio

en las emergencias del primer año, sobre todo considerando que luego de las elecciones nacionales no existe nada parecido al surgimiento de una oposición leal democrática en las cámaras legislativas. 

En ese sentido, los representantes del nuevo gobierno deberían solicitar a los actuales miembros de la Comisión Permanente del Legislativo saliente que no se apruebe el crédito suplementario de S/ 9,596 millones, el más alto de la reciente historia en medio de una preocupante trayectoria fiscal del país luego de que Pedro Castillo llegara al poder. Como todos sabemos el 2023 y el 2024 no se cumplieron las metas fiscales porque el Estado peruano ha incrementado sus gastos con criterios clientelistas y si las cosas no aparecen demasiado graves se explican por el superciclo de precios de algunos minerales. 

En la actualidad, por ejemplo, el gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas consumen cerca de una tercera parte del PBI nacional que suma más de US$ 380,000 millones. Una cantidad exorbitante para una economía de ingreso medio como la del Perú.

En el gasto estatal del Perú hoy el gasto corriente representa casi dos tercios de los desembolsos totales y apenas un tercio se puede destinar a otros rubros como la inversión pública. Y uno de los problemas más graves es que alrededor de 70,000 obras están paralizadas en los gobiernos subnacionales por falta de expedientes técnicos, irregularidades o, simplemente, corrupción.

La nueva administración entonces debe gobernar desde ahora, sobre todo considerando que el antifujimorismo y las corrientes comunistas han caído en una histeria política descontrolada y pretenden desarrollar relatos y fábulas sobre la legitimidad del nuevo gobierno que se instalará en unos días. La nueva administración, pues, no puede dejar de gobernar, incluso, todavía sin asumir el poder.

En ese sentido, desde la nueva administración se debe solicitar al gobierno encargado y transitorio de José María Balcázar y a las bancadas legislativas del actual Congreso que se abstengan de tomar decisiones de gobierno que comprometen al nuevo periodo constitucional, tal como sucede con el crédito suplementario que, esta semana, podría ser aprobado en la Comisión Permanente del Congreso.

Si en el Perú hubiese partidos y líderes políticos con gravedad hoy existiría una especie de convergencia nacional para sacar adelante el país de esta década perdida de autodestrucción política y frenazo económico de la sociedad. No existe ese tipo de políticos. Keiko Fujimori y el nuevo gobierno, pues, no tendrán un solo día de tregua. ¡A gobernar desde ayer!, es la consigna.