El memorando Urresti

Más razones por las que el ministro del Interior debiera ser cesado o censurado. El ministro del Interior, Daniel Urresti, ha reconocido su responsabilidad política en los supuestos excesos policiales en Pichanaki, pero se resiste a asumirla como corresponde en democracia: dimitiendo al cargo. Al contrario, intenta ahora limpiarse acusando de asesinato a ocho policías que dispararon sus armas en esa protesta que utilizaron los extremistas y que dejó un muerto y 140 heridos (32 de bala). El titular del Interior declaró que él -el 14 de enero- había emitido un memorando que prohíbe a la PNP usar armas de fuego en las “protestas sociales”. Creemos que dicha acusación y aquel memorando son solo dos actos que intentan de eximir de responsabilidad a  Urresti. En primer lugar el memorando es ilegal porque obliga a los policías a martirizarse al enviarlos a enfrentarse con turbas violenta que, tal como sucedió en Bagua, no respetan la vida de los efectivos. Los policía están impedidos de usar las armas que les ha dado el propio estado para hacer cumplir la ley y defender a los ciudadanos en peligro. Esto es absurdo en una democracia en la que el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza -consagrado en la Constitución- y en una situación extrema como la que se produjo en Pichanaki, donde los grupos radicales llegaron a atacar un cuartel militar, símbolo del poder coercitivo del estado. Además, ¿alguien podría justificar el memorando Urresti tras haber visto episodios terribles como el Baguazo, donde las turbas asesinaron a 23 policías: 11 torturados y degollados en Imazita, otros 12 muertos a tiros con sus propias armas en la Curva del Diablo; y el mayor Felipe Bazán “desaparecido”. O la agresión a los policías montados en La Parada o el secuestro de un general y su contingente en Moquegua? ¿Qué de “protesta social” tiene esto? Por eso hacemos nuestra la pregunta que plantea el diario El Comercio en un reciente editorial: ¿Tienen nuestros policías el deber del martirologio incorporado en su misión?. Y también hacemos nuestro su pedido para se derogue el memorando Urresti, porque creemos que nadie tiene derecho a exponer a los agentes del orden al peligro de ser masacrados por turbas organizadas. Si en Pichanaki no hubo otro Bagua fue porque los policías pudieron evitar que los extremistas se acercaran y los rodearan. En segundo lugar, Urresti no puede acusar de asesinos a los policías si antes no se aclara si los agentes se excedieron en el uso de la fuerza o actuaron en defensa propia y de la seguridad de los ciudadanos. Esto es lo que debió establecer primero Urresti antes de inculpar a los agentes que se enfrentaron a la multitud violenta. Si sus colegas Mayorga y Figallo estuvieron muertos de miedo ante la multitud pasiva en Pichanaki, ¿se imagina cómo se sintieron los policías cuando estaban siendo atacados por la turba enardecida? A lo mucho, Urresti podría acusar a los policías de haber incumplido un memorando que, como hemos dicho, es ilegal. El concepto del uso proporcional de la fuerza también ha sido utilizado para impedir que las fuerzas del orden utilicen su armamento. Se llegó inclusive a insinuar que si una turba atacaba con piedras a un agente éste debía responder de la misma manera, como si la piedra solitaria del agredido pudiera impedir que sea lapidado por la multitud. Además, este punto parece estar ya zanjado en los reglamentos policiales, los cuales disponen de manera precisa cuando un policía debe usar su arma y cómo debe disparar primero a partes no vitales. En este portal rechazamos por igual que el estado recurra a la represión indiscriminada y abusiva, y también que se pretenda legitimar la violencia de las turbas. Ya hemos padecido bastante esta política cuando las turbas frustraron inversiones importantes como Río Blanco en Piura y Quilish en Cajamarca con Alejandro Toledo, y Tía María en Arequipa y Santa Ana en Puno con Alan García, por citar solo unos ejemplos. En cualquier caso, los sucesos de Pichanaki debieran ser objeto de un debate político amplio sobre la pretensión persistente de atar de manos a las fuerzas del orden del país. Y en cuanto al ministro Urresti, debiera renunciar o ser cesado por haber emitido un memorando ilegal que legitima la dictadura de las turbas y por acusar sin pruebas de asesinos a sus propios policías.   17 - feb -  2015