La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Perú Libre y el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef), en las elecciones pasadas, llegaron al poder con plena ayuda de las corrientes progresistas y desarrollaron una intensa campaña a favor de la asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales. Más tarde, ante las denuncias de corrupción, Castillo y sus aliados aceleraron el plan revolucionario, perpetraron un golpe de Estado, pero fracasaron de principio a fin. La democracia, el Estado de derecho y el sistema republicano, se salvaron; sin embargo, nos dejaron uno de los peores castigos que enfrenta una sociedad: la recesión y el aumento de la pobreza.
La recesión solo tiene una explicación: la caída de la inversión privada. En el año y medio de la devastación de Castillo todos los proyectos de inversión de mediano y largo plazo se detuvieron y se postergaron hasta tiempos mejores. De allí que, desde hace algunos meses, la inversión privada comenzara a caer sostenidamente, creando la situación actual de recesión. Como todos sabemos si la economía no crece la pobreza aumentará y lo más probable es que, si las cosas siguen por este rumbo, en el 2026 este flagelo social llegue a sumar un tercio de la población. El Perú, como los cangrejos, dejará en claro que camina hacia atrás.
Ahora bien, con los acontecimientos negativos en desarrollo y luego del golpe fallido de Castillo, el principal problema del país pasa a ser la indiferencia del Ejecutivo y de las bancadas del Legislativo que detuvieron el proyecto de la asamblea constituyente y conjuraron el golpe de Castillo. ¿A qué nos referimos? Si bien se han opuesto a diversas iniciativas estatistas y colectivistas, es evidente que en el Gobierno y en el Congreso no se ha hecho nada para aprobar leyes a favor de la inversión, derogar las normas anti empresa privada promulgadas por el Gobierno de Perú Libre e iniciar la discusión de las grandes reformas: reforma institucional y política, simplificación del Estado, reformas de la educación, de la salud, del sistema tributario, del régimen laboral y avanzar en solucionar todos los déficits de infraestructura.
En este contexto, no es exagerado sostener que el llamado eje bolivariano y las corrientes comunistas y progresistas han logrado un objetivo central en el proyecto de crear un sistema anticapitalista en el Perú: frenar en seco la inversión privada y desatar la recesión. Perú, uno de los milagros de los países emergentes, ha sido paralizado.
El inevitable aumento de pobreza que desencadena la recesión, de una u otra manera, cambiará el humor social y político de la sociedad y aumentará las tendencias a favor de las propuestas antisistema. Si bien los ejemplos de Perú y Chile han dejado en claro que el crecimiento y la reducción de pobreza no son suficientes para detener el avance de las propuestas colectivistas (también se requiere una guerra cultural), es evidente que este factor si tiene una enorme importancia. Por ejemplo, cuando el colectivismo llegó al poder en Chile la pobreza estaba debajo de 8% de la población y en el Perú en poco más de 20%. ¿Qué hubiese sucedido si en ambas sociedades la pobreza se ubicaba sobre el 80% como sucede en Venezuela, por ejemplo? Es evidente que la desesperación de la gente habría legitimado las expropiaciones, la demagogia de la semana y, sobre todo, la concentración totalitaria del poder.
Si la pobreza sigue aumentando en el Perú, entonces, se creará el mejor escenario para las propuestas antisistema, que incluso en tiempos de reducción de pobreza amenazaron el Estado de derecho, tal como acaeció en las elecciones del 2006, del 2011 y del 2021.
El Ejecutivo, el Congreso, las bancadas democráticas del Legislativo, tienen que entender que la lucha contra la recesión es una batalla que también definirá las libertades en el país.
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