¿El intento de normalizar la violencia radical?

La supuesta “tercera toma de Lima”, que hoy intenta escenificarse en la capital, según nuestra aproximación, se convertirá en un nuevo fracaso de las izquierdas comunistas, colectivistas y los sectores progresistas del país. Todo indica, incluso, que tendrá largamente menos convocatoria, menos posibilidades, que las oleadas de violencia del verano pasado, después del fallido golpe de Pedro Castillo.

Sin embargo, es necesario detenernos en algo relevante. Las izquierdas comunistas y colectivistas pretenden convertir a la movilización en las calles, que suele culminar en el enfrentamiento con la policía nacional del Perú (PNP), en parte de “una normalidad” del sistema republicano, bajo la sombra y la protección de dos conceptos: el derecho a la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza pública. De alguna manera, bajo estas definiciones que deconstruyen todos los fundamentos del Estado de derecho se pretende legalizar la acción revolucionaria de minorías que, organizadas en vanguardias milicianas, atacan aeropuertos, comisarías, bloquean carreteras y desarrollan guerra de guerrillas en contra de la PNP. ¿Por qué destruyen el sistema constitucional? Porque neutralizan y bloquean el uso constitucional de la fuerza pública para permitir el avance violento de las vanguardias radicales.

A nuestro entender, estamos ante una típica estrategia leninista que pretende utilizar los Derechos Humanos –que consagra y protege el Estado de derecho– para, precisamente, reventar el sistema constitucional y el régimen de equilibrio de poderes. La legitimación del concepto del derecho a la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza pública se desarrolla a través de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las campañas de las oenegés de izquierda y la permisividad de algunos sectores de los medios de comunicación.

Sin embargo, en lo que no se repara es que estamos ante la legalización y legitimación de una típica estrategia leninista que utiliza “todas las formas de lucha” (participación electoral y acción directa de masas), que se materializa en bancadas en el Congreso y la organización de núcleos que desarrollan violencia con criterios de organización milicianos. En otras palabras, la izquierda comunista desarrolla todas las formas de lucha: forma bancadas en el Legislativo a través del sufragio y respalda directa e indirectamente el ataque a los aeropuertos y a la policía.

Ante esta situación creemos que la Corte Suprema del Perú, el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República deben pronunciarse sobre qué significa el llamado “derecho a la protesta”, que podría considerarse una extensión de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. Se necesita, pues, las precisiones constitucionales y legales del llamado derecho a la protesta y las reformas legales necesarias con urgencia. Sin embargo, el llamado derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y respetando todos los principios constitucionales. De lo contrario se cometen varios delitos tipificados en el Código Penal.

Vale recordar que esta estrategia leninista –es decir, esta estrategia de poder para subvertir el Estado de derecho e instalar una asamblea constituyente– se ensaya durante varios años en el llamado corredor minero del sur. En esta área minorías radicales antimineras atacan y vandalizan minas modernas, invocando todos los derechos que protege la Constitución como una manera de destruir todos los derechos invocados.

Planteada estas aclaraciones, precisiones y reformas, la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, deben proceder a identificar, detener y procesar a todos los que ejercen el llamado “derecho a la protesta” a través de ataques a aeropuertos y comisarías, y bloqueando carreteras. En otras palabras, el sistema de justicia, los fiscales y jueces deben convertirse en la primera línea de defensa del Estado de derecho. Un sistema que reclama el imperio de la Constitución y la ley necesariamente debe defenderse aplicando la ley.

De esta manera la acción de nuestra PNP y nuestras fuerzas armadas se convierte en la última línea de defensa del Estado de derecho y se reducen las posibilidades de exacerbar las acciones de violencia de las vanguardias radicales.