El gobierno se distancia del sector empresarial

Desde el golpe fallido de Pedro Castillo y la sucesión constitucional de Dina Boluarte el gobierno enfrentó tormentas que pudo enfrentar por el sólido respaldo de algunas instituciones o entidades que el progresismo suele llamar “los poderes fácticos”. Entrando hacia el 2025 esos respaldos empiezan a cambiar con cierta celeridad y se pueden desatar problemas de gobernabilidad.

Es indudable que las izquierdas antisistema y las corrientes progresistas, luego de perder el poder en el Ejecutivo y después de que en el Congreso se formará una alianza para desmontar la influencia caviar en las instituciones, empezaron una feroz campaña para adelantar las elecciones y evitar que las instituciones procesaran cambios y reformas. El mejor aliado de las estrategias de las izquierdas, obviamente, fueron las impericias y yerros en el propio poder Ejecutivo, que ha acumulado denuncias a investigaciones fiscales.

Sin embargo, a pesar de los bajos niveles de aprobación, que superan las predicciones más apocalípticas, el gobierno de Dina Boluarte se mantuvo por el evidente respaldo de una mayoría en el Congreso que apostó por la continuidad institucional hacia el 2026, el apoyo de las fuerzas armadas y policiales y del empresariado, que también promovió la continuidad constitucional como una manera de evitar mayor deterioro en la economía.

Y a pesar de las movilizaciones convocadas por el antisistema y las corrientes progresistas la ciudadanía se resistió a estas estratagemas, quizá consciente de los juegos de la izquierda antes de la llegada de Castillo al poder. Sin embargo, en el Ejecutivo en vez de entender la naturaleza de la estabilidad y los respaldos que se recibían se leyó muy mal la situación y la soberbia envolvió a los políticos sin experiencia partidaria. Allí están las guerras entre Alberto Otárola y Nicanor Boluarte que abrieron la caja de Pandora y liberaron todos los problemas que hoy carcomen al Ejecutivo.

Sin embargo, el mayor error del Ejecutivo es no haber entendido que recibiendo semejantes respaldos no podía inclinarse hacia el simple estatismo y el descontrol del gasto de Estado. Por ejemplo, el gobierno de Dina Boluarte ha sumado más de US$ 3,500 millones en rescates, préstamos y aumentos de capital a Petroperú, convirtiendo este desangramiento de los recursos fiscales en una de las causas del descontrol fiscal. Hoy el déficit casi llega al 4% del PBI y por segundo año consecutivo no se cumplirán las proyecciones fiscales.

De esta manera el gobierno de Castillo será recordado como la devastación que pretendió destruir el Estado de derecho e instaurar una constituyente: pero el gobierno de Boluarte será evocado como la administración que destruyó la trayectoria fiscal que el país mantuvo en las últimas tres décadas.

Ante esta situación en el MEF existe una desesperación por incrementar la recaudación a cualquier costo y se proyectan incrementos de impuestos de aquí para allá. Sin embargo, lo más grave es que el MEF se ha convertido en el peor enemigo de la propuesta de nueva ley de promoción agraria que se discute en el Congreso, argumentando que se perderían recursos vitales para obras y la estabilidad fiscal.

En cualquier caso, el argumento del MEF debería ser que se perderán recursos para seguir rescatando a Petroperú sin mayores escándalos. Los argumentos del MEF recogen lo más variado y graneado de las oenegés anticapitalistas y de las izquierdas antisistema, llegando a sostener que un nuevo régimen tributario promocional “solo favorecerá a las grandes empresas”, no obstante que el 80% de las empresas vinculadas a la agroexportación son pequeñas unidades.

El Ejecutivo, pues, ha comenzado a violentar todos sus respaldos y alianzas tácitas. Hoy opta por Petroperú, reeditando el estatismo de los ochenta, y se opone a facilitar la inversión. En el gobierno se entiende un régimen promocional como pérdida antes que como una inversión. Y de esta manera el gobierno de Dina Boluarte se quita el velo y muestra su rostro y naturaleza de izquierdas.