¡El Gobierno está desmontando el modelo económico!

Algunos creen que el Ejecutivo no avanza en su proyecto de asamblea constituyente y cambio de régimen político y económico. Se equivocan de principio a fin. Los anuncios de la constituyente, la nacionalización de los recursos naturales y los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) –que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización y liberalizan el derecho a huelga– han frenado en seco el crecimiento de la inversión privada que este año crecerá cero y el próximo se desplomará.

Las relaciones y consecuencias a favor de la constituyente son simples: si la inversión privada se desploma, el crecimiento se desploma, el empleo se desploma y se detiene el proceso de reducción de pobreza. Es decir, aumenta la pobreza y el descontento social y, de pronto –luego de tres décadas– la gente podría reaccionar en contra del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993.

Haber detenido el crecimiento de la inversión privada en el Perú, entonces, es el principal logro en el corto plazo de las corrientes colectivistas, progresistas y comunistas, que participan del Gobierno. En el largo plazo, el avance de las corrientes maoístas en el control del Ministerio de Educación (Minedu), se convierte en la principal amenaza al sistema republicano, sobre todo con la destrucción de la carrera pública magisterial y la manipulación de la reforma curricular.

Sin embargo, las posibilidades del Gobierno y de las corrientes vinculadas al maoísmo y al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla dependen de las victorias en el corto plazo. Es decir, de la destrucción de la economía y del aumento de la pobreza y el descontento social. De allí la estupefacción que causa la indolencia de la oposición que no defiende con uñas y dientes los pilares de la economía, quizá por el temor de aparecer “defendiendo los intereses de los empresarios”.

El desplome de la inversión privada en el Perú se produce no obstante que debería estar creciendo viento en popa, por los precios de los minerales en el planeta; sobre todo en el caso del cobre. El Perú es segundo productor de este metal y tiene las terceras reservas mundiales del metal rojo. Se proyecta que la demanda mundial de cobre se duplicará en los próximos diez años.

Como todos sabemos, en el Gobierno no solo se alentó la constituyente, las nacionalizaciones y se promulgaron decretos laborales que buscan colectivizar las relaciones laborales, sino que adrede se empoderó a las minorías radicales para convertir las zonas mineras en áreas al margen de la Constitución y la ley. La invasión de mineros ilegales en las minas Las Bambas y Los Chancas en Apurímac es la mayor expresión de la renuncia gubernamental a ejercer la autoridad. De allí que Quellaveco sea la última inversión minera de gran magnitud.

Igualmente, el Ejecutivo promulgó un decreto supremo que restringe el uso de la leche en polvo para favorecer a una coalición de ganaderos mercantilistas, no obstante que semejante medida afecta a todos los consumidores de leche evaporada y lácteos, sobre todo las madres gestantes y los niños pobres. La producción nacional de leche en polvo solo atiende el 70% de la demanda y el 30% se abastece con leche en polvo importada. Si se restringe el uso de un tercio del insumo principal de la industria láctea los precios suben en medio de una inflación aterradora.

El Ejecutivo entonces está avanzando en su propósito de desmontar el modelo económico, está avanzando hacia su objetivo más importante en el corto plazo. Sin embargo, la oposición no se da por notificada por el temor de aparecer “defendiendo intereses empresariales”. Una clara demostración del triunfo cultural del progresismo y del colectivismo que explica la llegada de Castillo al poder.