El Estado debe reformarse para incluir a Puno y construir peruanidad

Luego del fracaso del paro convocado por los radicales extremistas el 30 de mayo pasado en Puno, es evidente que se ha abierto un escenario extraordinario para que el Estado, el Gobierno y los políticos desarrollen un nuevo encuentro entre el Perú, la peruanidad que se construye y la región de Puno. El espacio altiplánico, de una u otra manera, se ha convertido en un espacio simbólico del movimiento antisistema porque luego de la derrota de las olas insurreccionales contra el Estado de derecho y el sistema constitucional, la violencia persistió en la región altiplánica. La capacidad del Fenatep y el Movadef de manipular la legítima irritación de la población fue evidente.

El 30 de mayo pasado, entonces, el total fracaso del radicalismo se expresó en que Puno, Juliaca y las demás provincias trabajaron normalmente, exceptuando la suspensión de clases como medida de prevención frente a la violencia sindical del Fenatep y algunos bloqueos mínimos en Azángaro. Sin embargo, el fracaso del paro de ninguna manera significa que los puneños sintonizan con el Gobierno de Dina Boluarte. El fracaso del paro es el resultado de la recesión regional y la quiebra de las economías familiares y campesinas, que se dispararon durante la violencia radical.

Puno tiene 43% de su población debajo de la línea de pobreza y es una de las cinco regiones más pobres del país. Aporta menos del 2% al PBI nacional y el 90% de su economía y su sociedad es informal. Únicamente los funcionarios públicos aceptan la actual formalidad. Y por si fuese poco, el 60% de las viviendas familiares carecen de agua y desagüe. Juliaca, uno de los mercados más pujantes del sur, con cerca de medio millón de habitantes, carece de alcantarillado. El lago Titicaca está contaminado por los desagües de la ciudad porque no se construyen las lagunas de oxidación. Y, en medio de esta situación está la presencia de la minería ilegal, el contrabando y otras economías ilegales.

El Ejecutivo, el Congreso y los políticos, pues, deben ser capaces de convocar al Gobierno Regional y a los 13 municipios provinciales para lanzar un shock de inversiones, sobre todo en cuanto al agua y el saneamiento de la región. Si hay voluntad es posible superar cualquier obstáculo. Sin embargo, a nuestro entender, la clave de la transformación de Puno estará en la reforma del Estado en la región, en la construcción de una nueva legalidad de abajo hacia arriba.

No se exagera cuando se afirma que, no obstante la pobreza y la carencia de servicios, Puno se parece a una ciudad del Reino Unido antes de la revolución industrial. La región altiplánica está repleta de mercados populares, de negocios y transacciones informales. Desde el negocio en Juliaca hasta la minería informal, los puneños desarrollan los llamados mercados salvajes de la emergencia preindustrial. No hay nada que vincule a Puno con el colectivismo y el comunismo.

Sin embargo, ¿por qué Puno suele votar por la izquierda y el radicalismo? Porque el Estado y las sobrerregulaciones y procedimientos han convertido al Estado nacional en el principal enemigo de la emergencia popular. Desde los impuestos nacionales –pasando por las tasas municipales, las licencias de ministerios, región y municipios– hasta las directivas de Defensa Civil y el sector Ambiente han convertido al Estado en una montaña de trámites caros, ineficientes y corruptos. En este contexto, la sociedad puneña prefiere la informalidad.

Es incuestionable que para reencontrar a Puno con el Perú y la peruanidad, el Estado debe desarrollar un shock de inversiones y debe iniciar la reforma del Estado, la organización de una nueva legalidad. El nuevo orden legal del Puno se debe construir de abajo hacia arriba, representando la libertad económica y la pujanza de los mercados emergentes, tal como lo hicieron todos los países desarrollados cuando superaron la informalidad y la pobreza.

Puno, pues, está bendecido por las tradiciones aymaras y quechuas, entre las más emprendedoras del planeta.