El Estado de derecho no depende de una renuncia ni de la insurrección de minorías

No obstante que los sectores progresistas deben considerarse entre los principales responsables de la crisis política nacional en desarrollo –porque de ninguna manera Pedro Castillo habría sido elegido sin los relatos y narrativas que colocaron en un mismo lugar el terror senderista y la respuesta contrasubversiva del Estado, a través del informe de la CVR–, ahora esas mismas corrientes de izquierda pretenden señalar la receta de todas las soluciones: el adelanto general de elecciones a tontas y locas.

Por la manera como se comienza a discutir la reforma constitucional para modificar el cronograma electoral establecido en la Constitución, los sectores progresistas parecen considerar que las elecciones generales en un sistema republicano se parecen a los comicios de una junta de propietarios de cualquier edificio. Es decir, pueden modificarse por simples cambios de humores en las mayorías o las minorías.

Desde dos mil años atrás, sin embargo, Platón y Aristóteles definieron a los sistemas republicanos (léase el Estado de derecho actual) como el sistema político institucional capaz de controlar el despotismo de uno y el despotismo de muchos. Nuestro Estado de derecho se ha consitutido en un verdadero ejemplo regional y mundial, controlando el fallido golpe de Pedro Castillo: el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entonces, lograron controlar el despotismo de uno.

Luego del fallido golpe de Castillo y del eje bolivariano se desató una insurrección de minorías (concentraciones no mayores de 5,000 personas) que atacaron aeropuertos, decenas de comisarías y bloquearon las carreteras para desabastecer las ciudades y quebrar el aparato productivo. El mando cubano-bolivariano de este proceso insurreccional definió la demanda principal de estas minorías: la instalación de una asamblea constituyente.

Sin embargo, el progresismo, con una conducta ética cuestionable, se propuso capturar la transición política, sin importar la gravedad de la crisis del Estado de derecho. Incluso eligieron hasta presidente de la transición. Finalmente, el progresismo se limitó a exigir el adelanto general de elecciones para el 2023 como supuesto mecanismo para restablecer la paz social.

Una pregunta práctica antes de entrar a las cuestiones de fondo: si el Estado de derecho se esfuerza en recuperar el imperio de la ley y el orden en el sur del país, ¿cómo se podrían desarrollar elecciones generales en Puno, Cusco, Apurímac y Andahuaylas, en donde se impone la tiranía de las minorías sobre una mayoría silenciosa? ¿Acaso se quiere que el Movadef y los activistas del eje bolivariano controlen los resultados y las mesas electorales? No hay viabilidad práctica en la propuesta progresista.

Sin embargo, el argumento de fondo para oponerse al adelanto electoral como cesión del Estado de derecho a la violencia es el mismo que utilizarían Madison, Montesquieu o De Tocqueville: si las instituciones ceden a la tiranía de las vanguardias y minorías violentistas, haciendo trizas el cronograma establecido en la Constitución, es decir quebrando el Estado de derecho, entonces todo ha terminado: se ha disuelto el sistema republicano y el Estado de derecho.

Por otro lado, un Estado de derecho tampoco puede someter los periodos constitucionales de los únicos poderes soberanos –es decir, elegidos por el sufragio del pueblo (Ejecutivo y Congreso)– a la tiranía de las minorías o las mayorías. El periodo constitucional del Ejecutivo se interrumpe mediante la vacancia o renuncia de la presidencia o las vicepresidencias. No hay otra manera. Y el periodo constitucional de un Legislativo se interrumpe mediante la disolución legislativa establecida en la Carta Política. 

La Constitución ha previsto todos los escenarios para interrumpir los periodos de los poderes soberanos. Por otro lado, existe el argumento acerca de que si la interrupción constitucional y transición política a inicios del 2000 fue posible, ¿por qué no ahora? La diferencia es simple: durante el fin del fujimorato el Estado de derecho era cuestionable, casi no existía. Hoy, el Estado de derecho es incuestionable. Relativizar esta situación sería otorgar todas las razones posibles al argumento bolivariano de que a Castillo lo vacó una oligarquía, desconociendo el voto del pueblo.

A los peruanos de buena voluntad solo les resta defender el Estado de derecho y defender el sistema constitucional, como lo hicieron los grandes pueblos que se ganaron su derecho a la libertad y el desarrollo.