El Ejecutivo le da la espalda a Tía María

El primer ministro, Vicente Zeballos, ha sorprendido al país planteando un criterio absolutamente opuesto a la decisión del Gobierno de reactivar la economía nacional: señala que el proyecto de cobre Tía María en Arequipa no es parte de la estrategia de reactivación. Considerando que la pandemia, la recesión mundial y los errores del Ejecutivo son los factores que explican que este año la economía se derrumbará entre 12% y 15% del PBI, que se perderán más de dos millones de empleos y que la pobreza aumentará en cerca del 10% de la población, ¿cómo el señor Zeballos puede pronunciarse de manera tan desalentadora en contra de las inversiones?

Relanzar las inversiones mineras en medio de una recesión planetaria, que puede significar la caída del 10% del PBI mundial en promedio y una contracción de la demanda de minerales, es casi una apuesta heroica. En nuestro país Southern Perú, la empresa concesionaria de Tía María, está dispuesta a hacerlo. Sin embargo, esa decisión, esa voluntad de seguir invirtiendo en medio de la contracción de los precios de los commodities, es bloqueada por las autoridades, que deberían ser las más interesadas en la lucha contra la pobreza. 

Al respecto, siempre vale recordar que, hasta antes de la pandemia, la minería aportaba US$ 20,000 millones en divisas y que si se hubiese ejecutado nuestra cartera de proyectos mineros de US$ 62,000 millones, el Perú habría reducido la pobreza por debajo del 15% de la población.

El Ejecutivo, en lugar de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, avala las leguleyadas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) contra el proyecto Tía María. Como se sabe el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, en su intento de bloquear la autorización de la construcción de Tía María, presentó ante el Consejo de Minería (CM) un recurso de anulación de la licencia de construcción del mencionado proyecto minero. El argumento que utilizó la autoridad regional fue señalar que no estaban vigentes los derechos de servidumbre (derecho de paso) de 49.5 hectáreas en los distritos de Cocachacra y Mejía (provincia de Islay) otorgados para las operaciones mineras a la concesionaria Southern Perú. Posteriormente Cáceres se vio obligado a retroceder, ante lo absurdo de su argumentación. No obstante, inició un proceso para declarar zona ecológica las Lomas de Cachendo, otro criterio artificioso considerando que el lugar es ocupado por asociaciones de viviendas y otros.

El Ejecutivo, pues, no parece interesado en relanzar la minería con fuerza, no obstante la grave recesión de la economía. Si a esto le sumamos los protocolos de bioseguridad establecidos por la burocracia de los sectores Energía y Minas y Salud para reiniciar operaciones productivas, el panorama de la reactivación minera se complica. Apenas unas cuantas empresas están en la capacidad de cumplir las sobrerregulaciones y procedimientos que se han establecido para que el sector retorne a la producción. Al respecto, cabe señalar que si las grandes corporaciones enfrentan este territorio de regulaciones extremas, es evidente que la mediana y pequeña minería no tendrá posibilidad alguna de regresar a producir. En este contexto es incuestionable que la informalidad minera se agravará.

El avance de la pandemia se ha convertido en el escenario perfecto para sobrerregular las actividades económicas y bloquear las inversiones. Si antes eran los criterios del ambientalismo extremo los que sobrerregularon los procedimientos para invertir en minería y en hidrocarburos, ahora son los sanitarios. El resultado es el mismo: más recesión y más pobreza.

De allí que no se puede entender la posición del premier y del Ejecutivo. Tía María es un proyecto de US$ 1,400 millones para producir 120,000 toneladas métricas de cátodos de cobre al 99.99% de pureza. Al Ejecutivo no le interesa que mientras las inversiones de cobre se retraen en el mundo, en el Perú las empresas permanezcan decididas, contra viento y marea, a sacar los proyectos adelante. Terrible. Devastador.