¡El Congreso otra vez garantiza vigencia de la Constitución!

El pleno del Congreso aprobó –por 98 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones– interponer una demanda constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la interpretación del Ejecutivo acerca de que la improcedencia de la última cuestión de confianza presentada por el Gobierno, representa “una denegación fáctica o un “rehusamiento” de la misma. El pleno del Congreso, igualmente, autorizó al presidente del Legislativo, José Williams, a interponer una medida cautelar en contra de cualquier acción del Poder Ejecutivo alrededor del tema de la confianza.

De esta manera, el Legislativo se convirtió en garante de la Constitución, del equilibrio de poderes y del Estado de derecho, tal como sucedió cuando se archivó el proyecto para convocar una asamblea constituyente, cuando se aprobó la ley de referendo –que repite lo prescrito en la Constitución acerca de que la reforma total o parcial de la Constitución debe pasar previamente por el Congreso– y que motivó la última confianza. También lo hizo cuando se eligió a los seis miembros del TC, y cuando se aprobó la ley que regula la cuestión de confianza que establece que el Ejecutivo no puede interponer estas acciones en contra de funciones exclusivas y excluyentes del Congreso.

Lo sorprendente, y lo que dejó abismado a más de uno, es que casi todos los sectores comunistas, colectivistas y progresistas se sumaron a la abrumadora mayoría que autorizó al titular del Legislativo a interponer la demanda constitucional y la señalada acción de garantía.

¿Qué había sucedido? Si la mayoría de las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas, convirtieron al proyecto de la asamblea constituyente en la plataforma de una unidad política alrededor del Ejecutivo y, en función de esa propuesta, incluso, se movilizaron exigiendo el cierre del Congreso, tal como acaeció en la última movilización de las izquierdas de unos días atrás. Si la posibilidad de reeditar la interpretación de “una supuesta denegación fáctica de la confianza” –que “justificó” el golpe de Estado de Martín Vizcarra, mediante el cierre inconstitucional del Legislativo– era una manera directa de avanzar hacia a la asamblea constituyente, ¿por qué las izquierdas se pusieron de espaldas en contra del gobierno?

Todo indica que la administración Castillo –en el desarrollo de sus diversas estrategias de sobrevivencia– se ha autonomizado de los núcleos comunistas y colectivistas más organizados y, de una u otra manera, las izquierdas han perdido empleo y poder en el Estado frente a los allegados del jefe de Estado y frente los asesores presidenciales. Y si a estos hechos le sumamos las siete investigaciones que desarrolla el Ministerio Público y que presentan al Gobierno como uno vinculado a la corrupción, es incuestionable que cualquier sociedad con el Ejecutivo liquida políticamente a cualquiera, al menos en el corto plazo.

¿Hacia dónde puede evolucionar la situación? Es incuestionable que hoy la posibilidad de formar una mayoría para proceder a la vacancia por incapacidad moral o para una acusación constitucional –por interferir en el funcionamiento del Congreso– es una real posibilidad. En ese sentido, es evidente que los asesores de Castillo han cometido un error capital con el asunto de la confianza.

Sin embargo, no se debe descartar la flexibilidad táctica de los comunistas –a diferencia del principismo adolescente de ciertos sectores de la derecha– y que, de pronto, contemplemos un nuevo arreglo entre Castillo y las corrientes comunistas. 

Por todas estas consideraciones, la defensa de la Constitución, del equilibrio de poderes y del Estado de derecho solo puede tener una garantía efectiva en el restablecimiento de la unidad de la oposición. Esa unidad que posibilitó la elección de dos mesas directivas del Congreso de clara orientación democrática y opositora, y que hasta hoy ha posibilitado derrotar en todas las líneas el proyecto de la asamblea constituyente.