¡El Congreso debe asumir su papel en la crisis republicana!

El hecho de que en los últimos cinco años se hayan sucedido seis jefes de Estado, que el Congreso haya procesado dos vacancias presidenciales y que se hayan producido dos golpes de Estado (el de Martín Vizcarra y el golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino), en la práctica, ha terminado disolviendo el poder político de la Presidencia de la República que, de acuerdo a la Constitución, representa a la primera magistratura de la República.

En este contexto las corrientes progresistas han comenzado a desarrollar la tesis acerca de que el creciente protagonismo del Congreso revela el surgimiento de “una dictadura parlamentaria”. Desde el gobierno de Martín Vizcarra se suele argumentar que cuando el Legislativo ejerce las funciones exclusivas y excluyentes que le reconoce la Constitución se altera el equilibrio de poderes y se desarrolla una dictadura congresal. Por ejemplo, el golpe de Estado que llevó a cerrar inconstitucionalmente el Congreso se hizo argumentando una supuesta denegación fáctica de confianza contra la función exclusiva y excluyente del Legislativo de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¡Una verdadera barbarie jurídica y constitucional!

Hoy los progresistas pretenden que el sistema constitucional colapse y todo desemboque en el adelanto de elecciones para repetir el mismo ciclo de destrucción y guerra política que nos llevó a la elección de Pedro Castillo, y también a elegir un Legislativo con una pésima representación. Un ciclo de crisis que frena y hace retroceder el milagro económico peruano –que cuadruplicó el PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia– pero que ahora se desmorona frente al impasse político.

En este contexto, las disputas dentro del Ministerio Público se expresan en investigaciones mediáticas que comienzan a afectar la gobernabilidad en general, comprometiendo a instituciones como el Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la propia Fiscalía. En medio de esta situación es imposible preservar el Estado de derecho si es que no se busca superar las guerras por el poder que se han trasladado al sistema de justicia.

Los científicos sociales de buena voluntad sostendrían que el Perú se ha sumergido en una guerra civil sin balas, que se expresa a través del sistema de justicia y la judicialización de la política, porque el centro del poder republicano (el Ejecutivo) ha sido pulverizado por la crisis. En ese contexto, los demócratas y republicanos de buena voluntad solo tenemos dos opciones: una de ellas es adelantar las elecciones para instaurar un poder político con más legitimidad; sin embargo, creemos que los nuevos comicios se convertirán en otro capítulo más de las guerras institucionales y de la brutal judicialización de la política que destruye al país desde una década atrás.

Por todas estas consideraciones, la única alternativa que tiene el Perú es preservar sus instituciones republicanas hasta el 2026 y terminar con la guerra civil que se expresa en la judicialización de la política. Semejante apuesta significa llevar hasta el final las investigaciones en contra de la corrupción, pero respetando los criterios establecidos en la Constitución y con un sistema de justicia que realmente se proponga abordar el problema, al margen de estrategias políticas del poder.

En ese sentido, más allá de las desaprobaciones dramáticas, al margen de los mochasueldos que han llegado al recinto legislativo por las reformas electorales del progresismo, el Congreso está en la obligación de llenar el vacío de poder en la República que ha creado la crisis política. Es decir, el Legislativo debe erigirse en el primer poder político del sistema republicano hasta las elecciones nacionales del 2026. Finalmente, un sistema republicano, un sistema constitucional, es la combinación de reglas, instituciones y el ejercicio del poder político. Si no existen esas variables se desata la anarquía, la disolución de la sociedad.

En ese sentido, el Legislativo debe mantener la firmeza en el ejercicio de las funciones exclusivas y excluyentes que le reconoce la Constitución y que el progresismo –que nunca gana elecciones– pretende cuestionar con teorías abstrusas como la denegación fáctica de confianza o amparos de instancias inferiores de la Judicatura, que intentan relegar las competencias del Congreso e, incluso, del Tribunal Constitucional.

Preservar las instituciones, avanzar en algunas reformas y, sobre todo, forzar la estabilidad política e institucional a cualquier costo, es lo único que puede construir un mejor momento para el Perú.