¿El colectivismo se instala en Palacio?

El presidente Vizcarra acaba de declarar que, si bien el Ejecutivo observará la Ley de Negociaciones Colectivas —para los trabajadores estatales— aprobada en el Congreso, el gobierno está trabajando en otra propuesta de “negociaciones colectivas pero con equilibrio fiscal”. A primer golpe de vista, la declaración presidencial suena a un oxímoron y revela que la disputa entre el ministro de Trabajo, Christian Sánchez, y el titular de Economía, Carlos Oliva, alrededor del tema, ha sido resuelta a favor del primero. Terrible noticia para el clima de inversión y la urgencia de reactivar la inversión privada en el Perú. Hoy un ministro de filiación marxista parece llevar la voz cantante en el Gabinete.

¿Cómo se hace para promover una Ley de Negociaciones Colectivas para los trabajadores estatales y mantener el equilibrio fiscal? La cosa parece imposible en un Gobierno que solo piensa en la próxima encuesta de Ipsos. En este escenario, es casi seguro que la conflictividad estatal se disparará y se cumplirá el sueño del ministro Sánchez, con la multiplicación de sindicatos. Pero de la negociación colectiva estatal, inevitablemente, se pasará a la negociación colectiva en el sector privado.

Y si consideramos que en los presupuestos de los últimos años el gasto corriente representó el 60% del total, mientras que solo el 40% se destinó para inversiones de capital, la cosa se pone color de hormiga. Además hay que tener en cuenta que el Perú debe reducir un déficit fiscal del orden del 3% del PBI hasta el 1% en el 2021, en momentos en que cae la recaudación por descenso de los precios de los commodities. El asunto, pues, se pone más que dramático.

En cualquier caso, la noticia de que el ministro Sánchez —tal como lo señalan diversas versiones— tiene la primera voz en el Gabinete es una devastadora noticia para el clima de inversión y la posibilidad de concretar las urgentes reformas que necesita el Perú para relanzar el crecimiento y seguir reduciendo pobreza.

Sánchez, coherente con su visión colectivista de la economía, se opone abiertamente a flexibilizar la legislación laboral del país —considerada una de las diez más rígidas del mundo— y es enemigo de ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, que establece un régimen tributario y laboral especial para el sector agrario. Pero eso no es todo. Sánchez se ha propuesto ahorcar al sector formal de la economía, que concentra un poco más del 25% del empleo (el único formal). Se conoce que lanzará una campaña para “combatir la informalidad” entre las grandes empresas.

El titular de Trabajo además está proponiendo en el Gabinete que, ante la virtual quiebra de Essalud por las reducciones en las cotizaciones de los estatales a la seguridad social, se incremente —del 9% al 12%— el aporte sobre la remuneración que pagan todas las empresas, cuando todos los rankings de competitividad internacionales, señalan que el Perú retrocede aceleradamente en competitividad y en clima de negocios. En otras palabras, el Estado causa el forado en Essalud y las empresas privadas deben pagar los platos rotos.

Si a este hecho le sumamos que el Gobierno pretende prolongar artificialmente el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo alrededor de las interrogantes del próximo referéndum, vale preguntarse si la administración nacional no ha sido tomado totalmente por una concepción colectivista. Únicamente una concepción estatista, de raíz marxista, puede afectar el clima de inversión con tanta turbulencia política y con fórmulas tan ideologizadas como lo hace el ministro Sánchez. Finalmente desde el colectivismo la inversión privada no es la clave de la riqueza, la prosperidad y la reducción de pobreza, sino solo un elemento más que fortalece el papel principal del Estado.