Diga usted, señor fiscal

El país espera un a explicación del Ministerio Público sobre mano blanda con delincuentes.

El ministro del Interior, Luis Pérez Guadalupe, ha denunciado que el 91% de los delincuentes detenidos por la policía entre enero y febrero están libres porque el Ministerio Público no los acusó penalmente o lo hizo sin mandato de detención. Además, durante una reunión entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el sector Interior, el titular de la Corte Suprema señaló que el 67% de dichas denuncias fiscales han derivado en procesos judiciales con mandato de detención.

Semejantes noticias revelan que, a iniciativa del Sector Interior, se empieza a entender que combatir la delincuencia demanda una política de estado que movilice a todo el sistema de justicia. La denuncia de Pérez Guadalupe acerca que los fiscales ordenan la liberación de los hampones ha tenido el impacto de una bomba en el sistema de justicia, sobre todo, en el Ministerio Público, que parece ser el principal responsable de este escándalo.

El ministro ha precisado que de un total de 992 delincuentes detenidos en esos meses por la policía especializada (Dirincri) solo 45 fueron denunciados con mandato de detención. Los demás están de vuelta en las calles porque los fiscales resolvieron investigarlos en libertad o no investigarlos.

Pero no solo se trata de los delincuentes que se liberan ante la estupefacción de la ciudadanía. En los conflictos sociales también se demuestra la inoperancia del sistema de justicia. Por ejemplo, en la violencia desatada en Tía María, los grupos radicales que atentan contra la propiedad pública y privada, y el libre tránsito de los ciudadanos también son liberados por los fiscales con el pretexto de que no tienen garantías frente a las presiones y amenazas de los extremistas.

Es probable es que la policía de garantizar la seguridad de los fiscales de las zonas en conflicto social, pero existen otras alternativas, tal como sucedió en el caso de Gregorio Santos. El proceso contra el ex gobernador de Cajamarca fue trasladado a Lima porque los radicales amenazaban a jueces y fiscales. Lo mismo puede hacerse en el caso de los radicales de Tía María. Otra opción es crear una instancia supranacional del Ministerio Público y del Poder Judicial para ver los casos de sabotaje a las inversiones, similares a las que existen para los procesos contra el crimen organizado y corrupción.

Pero el tema de fondo es que no estamos ante algo nuevo, sino ante un mal estructural del Estado. Todos los ciudadanos que alguna vez han tenido que transitar por las fiscalías saben que la negligencia o la corrupción son pan de cada día. ¿Acaso ignoramos que los delincuentes compran impunidad en fiscalías, juzgados, tribunales y comisarías? Estamos ante una manifestación más del mayor problema de nuestra justicia: la corrupción. Lo único nuevo es que un ministro, por fin, ha decidido poner el dedo en la herida en vez de quedarse callado.

El ministro Pérez ha expuesto los hechos porque no parece dispuesto a cargar con toda la responsabilidad por los pobres logros en la lucha contra el delito. El Ministerio Público no puede evadir su responsabilidad. El Fiscal de la Nación debe informarle al país qué está sucediendo en su institución. Si no lo hace el Congreso de la República debería invitarlo a discutir el tema porque está de por medio la seguridad de los ciudadanos.

La denuncia del ministro del Interior nos permite además poner de nuevo en debate el tema del deterioro y la ineficiencia del Estado y con ello la necesidad de reorganizar el aparato estatal, infectado desde sus raíces por la corrupción, la indolencia y la tramitología extrema. La reforma del del sistema de justicia es más que urgente.

  14 - Abr - 2015