¡Desregular el financiamiento privado a los partidos ya!

En el Perú el financiamiento del sector privado a los partidos políticos está tan sobrerregulado que, incluso, Martín Vizcarra convocó a un referendo para limitar el financiamiento de la sociedad a las organizaciones políticas, con el objeto de empoderar el papel del Estado en este aspecto.  El financiamiento del sector privado a los partidos en el Perú tiene topes y límites; sin embargo, el financiamiento de las oenegés no tiene ningún control, y existe una resistencia nacional e internacional a cualquier propuesta en ese sentido, en nombre de la llamada participación de la sociedad en los asuntos públicos.

Los partidos políticos que presentan programas nacionales de gobierno, que participan en elecciones nacionales y que son controlados por los ciudadanos –ya sea a través de la victoria, la derrota e, incluso, la extinción en las elecciones nacionales– tienen controles, como si el Estado sospechara de los vínculos de estas formaciones políticas con el sector privado, con la sociedad en general. Y por otro lado, las oenegés que han sido determinantes en las políticas públicas en minería, agroexportaciones, pesca, educación, salud, medio ambiente y que, incluso, han organizado los grandes relatos de la sociedad –como el informe de la Comisión de la Verdad– no tienen ningún control sobre el origen y las fuentes de financiamiento. Más grave aún: se resisten a cualquier forma de control.

Una de las explicaciones de la crisis de la democracia en el Perú tiene que ver con esta esquizofrenia de controlar y ahogar a los partidos políticos, mientras la legislación promueve y alienta la libertad absoluta de las oenegés, a las que las corrientes progresistas y neocomunistas han convertido en sus principales instrumentos de acción política y en claras herramientas de una estrategia de poder político.

Muy por el contrario, en las democracias más longevas de la historia moderna –es decir, en Estados Unidos y el Reino Unido– el financiamiento del sector privado a los partidos políticos es libre, siempre y cuando se desarrolle de manera bancarizada y se declare ante la autoridad tributaria. En el Perú, las extremadas regulaciones al financiamiento de los partidos han desatado la irrupción de las economías ilegales en el impulso de partidos regionales y nacionales y en la búsqueda de todas formas de representación política.

De allí la enorme importancia del reciente anuncio del presidente de la Comisión de Constitución del Legislativo, Fernando Rospigliosi, acerca de revisar la ley que asigna financiamiento público a los partidos políticos. La mencionada norma establece que el 40% del financiamiento público se asigna por igual a todos los partidos que han alcanzado representación política, en tanto que el 60% restante se distribuye de manera proporcional a los escaños alcanzados. 

Sin embargo, la tendencia a la fragmentación política, que también ha promovido la reforma progresista del sistema electoral, produce fenómenos absurdos e inexplicables. Por ejemplo, Perú Libre logró elegir a 37 congresistas. No obstante, luego de una serie de divisiones que terminaron creando nuevas bancadas, el perulibrismo apenas tiene 11 representantes. Sin embargo, Perú Libre sigue recibiendo –del 60% asignado de manera proporcional a los congresistas electos– el mismo financiamiento que se le otorgó luego de las elecciones nacionales (alrededor de un millón de soles cada seis meses).

El Perú entonces necesita una reforma trascendental en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. Y la gran reforma es desregular el financiamiento privado con la condición de que los aportes se bancaricen y sean declarados ante la autoridad tributaria a semejanza de los sistemas republicanos más longevos. 

Finalmente, tal como lo dijo el viejo Marx, la democracia es el régimen de la burguesía. Una verdad que parece incuestionable: únicamente en las sociedades donde la economía está bajo absoluto control del sector privado hay democracia y libertad. En Cuba, Venezuela y Corea del Norte sería imposible hablar de democracia.

Las cosas, pues, están claras y el Congreso tiene la palabra.