Derrota categórica del gobierno

Sobre la derogatoria de la “ley Pulpín” y la confrontación Congreso-Ejecutivo

En el Perú siempre han existido choques entre el Ejecutivo y el Legislativo por las rivalidades entre el oficialismo y la oposición. Colisiones de poderes que, durante el siglo pasado, terminaron  bloqueando a la misma democracia. Allí están las experiencias de Luis Bustamante y Rivero, la primera administración de Fernando Belaunde Terry y el régimen de Alberto Fujimori a inicios de los noventa.

Sin embargo lo que vimos ayer en el Congreso con la derogatoria de la ley del Régimen Laboral Juvenil (la llamada Ley Pulpín) es algo totalmente diferente. No se trata de la rivalidad de un gobierno con una cerril oposición, sino de una administración que insiste en ponerse de espaldas a la realidad, de un régimen empeñado en sumar enemigos y con vocación de aislarse.

La votación ha sido un verdadero mazazo: 91 votos a favor y 18 en contra, mientras la bancada oficialista empezó a acelerar su descomposición con la renuncia de Sergio Tejada. Pero no solo se derogó la mencionada ley sino que, además, el Presidente Humala, en un acto humillante para la investidura presidencial, sin precedentes inmediatos, tuvo que retirar la solicitud de permiso al Legislativo para viajar a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en Costa Rica. Tal requerimiento, en medio de la polarización, fue considerado una “frivolidad”.

En este Portal hemos defendido la llamada Ley Pulpín porque consideramos que una de las claves para que el Perú enfrente la desaceleración económica es impulsar una agresiva reforma laboral, sobre todo para los jóvenes sin capacitación que no saben ni conocen derecho alguno. No obstante, desde semanas atrás, la incapacidad de la administración nacionalista de defender, explicar y de hacer pedagogía con la reforma laboral juvenil había convertido la norma en inviable.

En Palacio se insistió en mantener una ley que es rechazada por más del 80% de la población, quizá para esconder las implicancias de la fuga de Martín Belaunde Lossio a Bolivia, mientras el ministro del Interior, Daniel Urresti, agredía con todos los adjetivos habidos y por haber a los principales líderes de la oposición. Si a esto le sumamos el reglaje a políticos, líderes opositores y congresistas, es evidente que la oposición tendrá que asumir una clara conducta la próxima vez que se reúna el Congreso.

El gobierno de Ollanta Humala debiera leer con humildad el mensaje que le envía el Legislativo, no solo por la derogatoria en cuestión, sino también porque, de una u otra manera, se iba a impedir un viaje presidencial. Para restaurar un clima político diferente en el país no hay otro camino que relevar al Gabinete de Ana Jara por todo el desmadre que se ha desatado.

Para preservar la figura del Jefe de Estado como corresponde en una democracia, donde las dos únicas instituciones elegidas por todos los peruanos son la Presidencia y el Congreso, solo cabe que el Consejo de Ministros asuma la responsabilidad política del infierno público que se ha creado. Es lamentable que semejante situación se produzca con un Gabinete donde existen ministros de primera, como los titulares vinculados a los sectores productivos y al de Educación. Pero el país se está convirtiendo en una olla de presión y la olla necesita ser destapada.

Considerando que la administración nacionalista podría salvar la cara si es que entrega bien la posta democrática el 2016 y enfrenta la desaceleración de la economía, no hay mejor manera de preservar a los buenos ministros que tomando la iniciativa en el tema. Y la iniciativa, en vez de la inevitable censura parlamentaria, es el relevo de un Gabinete que apenas respira.