De las inhabilitaciones de la JNJ a la reforma del sistema de justicia

Finalmente, el pleno del Congreso aprobó la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por haber cometido infracción constitucional con respecto al artículo 156, inciso 3 de la Constitución, que establece que los miembros de esa entidad ejercen el cargo entre los 45 y 75 años. Lo cierto es que, al margen de los argumentos esgrimidos a favor y en contra de la interpretación del señalado artículo, en el Congreso parecía existir un humor mayoritario en contra de la gestión de los miembros de la JNJ, sobre todo con respecto al desastre que ha significado el nuevo intento de reforma judicial. 

Vale anotar que la intensa movilización del progresismo nacional e internacional y las cada vez más singulares posiciones de César Acuña y Alianza para el Progreso evitaron que se inhabilitara a los demás miembros de la JNJ. Sin embargo, con las dos inhabilitaciones mencionadas el Congreso ejerció control político sobre un evidente descontrol que se percibía en la gestión de la mencionada entidad. ¿A qué nos referimos? Al evidente e incuestionable faccionalismo de la JNJ, solícita en sancionar y suspender a un determinado sector de magistrados y tolerante e indiferente ante las conductas de otro sector.

Todas estas aproximaciones y especulaciones no tendrían la menor importancia si en el sistema de justicia la extendida provisionalidad de fiscales y jueces no se hubiera convertido en una amenaza a la predictibilidad de la justicia. Igualmente, tampoco tendría la menor importancia si no se hubiese desencadenado una de las judicializaciones políticas más intensas de América Latina, en que las naturales diferencias de los actores de la política se trasladaron a los juzgados y las cortes de justicia. Es evidente que los yerros y las infracciones de la JNJ se volvieron superlativos en medio de una de las politizaciones más cruentas del sistema de justicia, solo comparable con las que se presentaron con el montesinismo en los noventa.

En cualquier caso, luego de las mencionadas inhabilitaciones y también con el archivamiento de la mayoría de las denuncias constitucionales en contra de los miembros de la JNJ, ha llegado la hora de que el Congreso asuma la reforma del sistema de justicia. Para superar el nuevo fracaso en la reforma judicial y también los yerros de la JNJ, el Legislativo debería discutir la reforma crucial sobre cómo se debe elegir a los magistrados supremos y cómo designar a los de las instancias inferiores. Luego de los sucesos de ayer en el Congreso la señalada reforma constitucional se vuelve impostergable.

Al respecto existe la propuesta de José Luis Sardón, ex magistrado del Tribunal Constitucional, quien plantea regresar al constitucionalismo histórico, en el que los poderes elegidos designaban a los magistrados. Es decir, el Congreso se encargaría de elegir a los supremos a propuesta de ternas del Ejecutivo. Y el gobierno central a los magistrados de las instancias inferiores, en base a las sugerencias de las cortes superiores.

Por otro lado, existe la propuesta de la congresista Gladys Echaíz de crear la Escuela Nacional de la Magistratura, una entidad de rango constitucional que asumiría las funciones de la JNJ en cuanto a la designación de magistrados. Y que también se encargaría de la formación de jueces y fiscales.

En cualquier caso, la reforma del sistema de justicia se ha vuelto un tema impostergable. Después de la reforma de la bicameralidad y la derogatoria de la absurda prohibición de la reelección de los parlamentarios, el Congreso está en el deber de impulsar la reforma constitucional del sistema de justicia. Como reza el dicho, el que puede todo, puede lo menos. Ha llegado, pues, el momento de algunas reformas cruciales.