De la inhabilitación a la JNJ a la reforma del sistema de justicia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso acaba de aprobar la inhabilitación por diez años de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, que establece que para ser miembros de la JNJ se debe ser mayor de 45 años y menor de 75 años. La votación en la mencionada comisión fue abrumadora: 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Al margen de las argumentaciones que pretenden defender a la JNJ, es evidente que la infracción constitucional se nota al primer golpe de vista y, considerando el desarrollo de la crisis del sistema judicial, lo más probable es que la acusación presentada por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular se apruebe en la Comisión Permanente y en el pleno del Congreso. Sin embargo, la situación de la JNJ solo es la punta del gigantesco iceberg del problema de la crisis del sistema de justicia. Nada más.

Los dos aspectos que, de inmediato, revelan el fracaso de la última reforma judicial son la extendida provisionalidad de los magistrados y la extrema judicialización de la política peruana. Se conoce, por ejemplo, que en la Corte Suprema del Poder Judicial 20 magistrados son titulares y alrededor de 40 están en situación de provisionalidad. Si en la máxima entidad de la justicia peruana la provisionalidad es mayoría absoluta, ¿cómo podemos seguir hablando de una justicia predecible? Muy complicado, porque la estabilidad del magistrado provisional no depende de sus funciones jurisdiccionales, sino de factores externos a ellas.

Por otro lado, las leyes penales y procesales han entregado una enorme discrecionalidad a los operadores de la justicia, que terminan cuestionando el principio de legalidad penal y la irretroactividad de las normas penales –pilares del derecho penal democrático–, y desarrollando procesos largos y complicados en los que se vulnera la presunción de inocencia de los imputados. Todos estos antecedentes han desencadenado una de las judicializaciones de la política más espantosas de la historia nacional.

En el sistema de justicia parece haberse instalado una visión cultural desarrollada por la izquierda progresista en la que el delincuente, el infractor del delito, es contemplado como una víctima del sistema capitalista, supuestamente excluyente y elitista. Quizá bajo esta visión se explique cómo los magistrados liberan a delincuentes del crimen organizado que la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga y detiene. Y por otro lado, cómo se establecen medidas durísimas contra los efectivos policiales que desarrollan el uso legítimo y constitucional de la fuerza.

En otras palabras, la inhabilitación de la JNJ es la superficie política de un problema enorme, cuya profundidad puede terminar acabando con el Estado de derecho en el Perú.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe pasar a discutir las reformas constitucionales que nos permitan superar el nuevo fracaso en la reforma judicial de la JNJ. La congresista Gladys Echaíz ha propuesto crear la Escuela Nacional de la Magistratura, que absorbería algunas funciones de la actual JNJ y también se encargaría de la formación y capacitación de los operadores de justicia. Por otro lado, José Luis Sardón, ex miembro del Tribunal Constitucional, ha propuesto regresar al constitucionalismo histórico existente hasta la dictadura militar de Velasco; es decir, al modelo mediante el cual el Congreso nombraba a los magistrados supremos y el Ejecutivo a los de instancias inferiores, a propuesta de las cortes superiores.

Pero no solo se trata de reformas constitucionales. Hoy debemos pasar a revisar la legislación penal y la legislación procesal penal para recuperar los principios del derecho penal democrático de las sociedades abiertas: la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el de la irretroactividad de las leyes penales y tiempos razonables para la investigación y juicios penales.

Como se aprecia, la reforma del sistema de justicia será una verdadera épica, al igual como lo será la reforma del sistema político.