Editorial Política

Constancia y la estrategia contra la minería

Constancia y la estrategia contra la minería
  • 15 de noviembre del 2016

Más de mil manifestantes paralizaron la producción de esta mina

Desde este portal hemos insistido en que existe una estrategia muy bien articulada y planeada en contra de la ejecución de los proyectos mineros en nuestro país, sobre todo en el sur peruano. Un grupo variopinto —entre ellos algunos delincuentes a sueldo, radicales antimineros de izquierda, diversas ONG y financistas internacionales— han aprovechado la incapacidad del Estado para otorgar servicios, de los desaciertos en los equipos de relaciones comunitarias de las empresas mineras y de las legítimas demandas de la población para convertir el sur minero en un polvorín. Ahora le ha tocado al proyecto minero Constancia, cuya concesiona está en manos de la empresa Hudbay, y se anuncia también la toma de la mina de la empresa Anabi ¿Qué ha sucedido?

Días atrás, los medios de comunicación informaron que un grupo de comuneros de Chamaca (uno de los tres distritos en el que se encuentra el yacimiento; Velille y Livitaca son los otros dos) tomaron las instalaciones del proyecto Constancia de forma violenta, paralizando la producción de cobre y exigiendo el cumplimiento de varias demandas, entre ellas la modificación de los acuerdos marco establecidos en el 2013. Ahora se ha confirmado que más de mil personas, pertenecientes a once comunidades y adscritas a un denominado Frente de Defensa de los Intereses de Chamaca, han levantado las protestas, ya que se habría llegado a algunos acuerdos.

Desde luego, la Mesa de Diálogo se constituyó con la presencia de una comitiva del Ejecutivo, encabezada por Guillermo Shinno, viceministro de Minas, y Rubén Condori, el viceministro de Orden Interno. No obstante, los medios de comunicación apenas exploran el conflicto y hay varias imprecisiones. La compañía tiene a solo dos comunidades campesinas —Chilloroya y Uchuccarcco— como parte de su área de influencia directa (AID). La normativa vigente establece que la AID es una zona donde se ubica el yacimiento minero y tiene derecho a beneficios directos de la empresa minera. De allí que no sean once las comunidades en el ámbito de influencia directa del proyecto sino solo dos.

En el 2013 la empresa minera ha firmado convenios con las comunidades campesinas de Chilloroya y Uchuccarcco. En la comunidad de Chilloroya, Hudbay ha suscrito un convenio para ejecutar proyectos de salud, educación y desarrollo productivo por un monto superior a S/. 53 millones. También ha creado más de 500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, y ha donado a la comunidad maquinarias por un valor de S/. 7 millones. En la comunidad de Uchucarcco, la compañía también ha firmado un convenio, comprometiéndose a ejecutar proyectos sociales por S/. 30 millones, y ha destinado más de S/. 10 millones para la compra de maquinarias. Asimismo, la minera ha ayudado a la comunidad a crear una empresa de servicios que provee el transporte. Además, actualmente hay más 300 comuneros empleados en el proyecto.

Pero Hudbay también ha firmado un convenio con el distrito de Chamaca para la ejecución de obras por un valor inicial de S/. 3.5 millones; y con el municipio de Livitaca, por más de un millón de soles. Son todos estos convenios los que no reconocen los líderes del Frente de Defensa de los Intereses de Chamaca. Las once comunidades que no son parte del área de influencia directa quieren ser parte de los beneficios que otorga la empresa minera. De allí que hayan pedido una revisión de los convenios, el aumento en los beneficios directos en proyectos y un porcentaje en las utilidades. Así la empresa minera Hudbay terminaría ocupando el lugar del Estado.

A todo lo anterior debemos sumar otros dos aspectos de suma importancia: el primero es la denuncia del gobernador regional del Cusco sobre la presencia de operadores políticos antimineros del partido de Gregorio Santos, líder antiminero cajamarquino. El segundo es que una de las comunidades —Chilloroya— pretendería convertirse en distrito. Si semejante hecho ocurriese, Chilloroya terminaría recibiendo mayores beneficios, en desmedro de otras comunidades y distritos.

  • 15 de noviembre del 2016

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