¿Cómo salvar la República?

El Perú parece un país devastado por una guerra convencional. La administración Vizcarra, en pocos meses, dejará el Perú en ruinas. El referendo y “las llamadas reformas constitucionales” han creado impasses –por llamarlos de alguna manera– que llevará muchos años restaurar. Por ejemplo, la ausencia de un Senado, la no reelección congresal y la prohibición de contratar publicidad en radio y televisión simplemente han bloqueado las posibilidades de seguir construyendo un sistema político viable. Cabe recordar que con esta Constitución, y con el sistema institucional previo al referendo, se desarrollaron cuatro elecciones sucesivas sin interrupción. Hoy parece un logro lejano, en medio de las agonías institucionales y políticas. 

Al lado de estos hechos, el Gabinete Zevallos probablemente será recordado como una de las peores gestiones ministeriales de nuestra historia. En pocas semanas se cerró la economía, se aprobaron protocolos soviéticos para ahorcar al sector privado, se empoderó a los sectores antimineros y se pretendió borrar el sistema republicano, promoviendo el llamado Acuerdo de Escazú. Los resultados hoy estremecen no solo a los peruanos sino al mundo.

La economía se reducirá cerca al 15% del PBI, se han destruido cerca de siete millones de empleos, el déficit llegará al 10% del PBI, el endeudamiento público rozará el 40% del PBI y la recaudación fiscal seguirá en caída libre. Los más pesimistas señalan que, sin reformas, el Perú seguirá en recesión el 2021 y el 2022, y la pobreza podría superar el 40% de la población. La República que parecía prosperar en las últimas tres décadas, hoy, pues, aparece en ruinas. No es una frase exagerada. De ninguna manera.

¿Qué hacer en este contexto? Considerando que la actual administración solo buscará sobrevivir hasta las nuevas elecciones, los nuevos Ejecutivo y Congreso deberán impulsar la reconstrucción institucional de la República en base a la Carta Política de 1993. ¿Qué significa una propuesta de este tipo? Que el 2021 ambos poderes del Estado deberían promover una Comisión de constitucionalistas de primer nivel que trabaje una propuesta de reforma constitucional integral “en frío”, tal como lo propuso el profesor Domingo García Belaunde en este portal. Es decir, una comisión que, durante un año, formule una propuesta de restauración institucional al margen de los intereses de coyuntura y de la “lógica del asalto constitucional” de mayorías circunstanciales, tal como sucedió durante el pasado referendo. Durante ese año el Perú debería celebrar debates, discusiones y seminarios sobre cómo reformar “las reformas del referendo” y recoger las opiniones más diversas. De esta manera el Bicentenario podría constituirse en un año de grandes debates y convergencias. ¿Acaso así no se procesan las reformas constitucionales en las repúblicas de mediana salud? El referendo tiene el apellido populista cuando se trata de hacer constituciones.

De otro lado, ¿cuál es el camino de la reconstrucción de la economía devastada por la ineficiencia de la actual administración? Una primera idea fuerza es la urgencia de recuperar la posición de la macroeconomía peruana. Si bien sabemos que estos temas no se tratarán en campaña, es incuestionable que el nuevo Ejecutivo deberá impulsar un nuevo ajuste, no tan severo como el de los noventa, pero ajuste al fin y al cabo. A nuestro entender la planilla del Estado deberá reducirse en dos tercios de la actual existente y se deberán privatizar la mayoría de las empresas estatales. El Estado necesitará cerrar el déficit, reducir la deuda, incrementar la recaudación y agenciarse de recursos.

Asimismo, el nuevo Ejecutivo deberá implementar dos reformas que incrementen muy rápidamente la productividad y competitividad de la economía, en el tema tributario y laboral. En el sistema tributario necesitamos simplificar los sistemas y los procedimientos para avanzar en la formalización de la economía. Y, en el tema laboral, la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, instrumento clave en la reducción de pobreza y formalización del empleo en las zonas agroexportadoras, debe convertirse en la base de la reforma del sistema laboral general.

Sobre el ajuste y las dos mencionadas reformas, el Perú del 2021 estará en condiciones de reconstruir su economía y empezar una larga discusión alrededor de las grandes transformaciones que se necesitan para seguir creciendo y reduciendo pobreza en el mediano plazo.

Más allá de las propuestas y los enfoques es incuestionable que la interrogante acerca de cómo salvar a la República se ha vuelto en una realidad ineludible. Algo que parecía imposible antes de la pandemia.