Mora, “como caso único y particular”

¿Para eso se promueve una superintendencia universitaria?                                                                                                                 

De confirmarse la denuncia que acaba de interponer Fuerza Popular contra el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, ante la Comisión de Ética del Congreso, por haber intercedido supuestamente, ante el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), a favor de la universidad Sergio Bernales, el parlamentario habrá perdido la “autoridad moral” con que se investía en el debate de la nueva ley universitaria.

Considerando todas las cosas que ha sostenido Mora en contra de la inversión privada en el sistema universitario, desde “grupos de interés” hasta deslizar imputaciones de mercantilismo y corrupción, el asunto se vuelve paradójico e histriónico luego de conocer uno los párrafos del oficio que Mora habría enviado al Conafu solicitando el funcionamiento de la mencionada universidad: “como un caso único y particular”. Si, pues, de casos únicos particulares están hechos los desastres del Estado en contra de la educación primaria, secundaria y superior y, parafraseando algunos textos bíblicos, un oficio bastará para aclararlo todo.

El señor Mora y el ministro de Educación, Jaime Saavedra, han propuesto la creación de una superitendencia universitaria (con algunos matices, concurso público para cinco miembros), que dependerá del Sector Educación, es decir del gobierno, que, en entre sus absolutistas atribuciones, se encargaría de autorizar el funcionamiento de universidades y facultades, establecer los sistemas de acreditación y organizar la educación superior de acuerdo a los modelos estatistas que funcionaron en la ex Unión Soviética y funcionan en los estatismos bolivarianos de América. Esta propuesta comete un viejo yerro universal: Le entrega el poder de decisión al Estado en vez de dárselo a los ciudadanos.

Nadie niega que el sistema universitario está lleno de flecos, porque el Estado no asume su responsabilidad; tampoco se puede negar que hay universidades sin los profesores adecuados ni las acreditaciones necesarias, pero la solución nunca estará en las manos de burócratas y generales. Ante los problemas, un grupo de universidades privadas, siguiendo las mejores tradiciones universitarias de Occidente, ha propuesto empoderar a los ciudadanos, a los consumidores, a través de la creación de un Observatorio Universitario que publique las estadísticas de los claustros. De esta manera los padres de familia y estudiantes sabrán qué universidad tiene profesores calificados, las mejores acreditaciones internacionales y la capacidad de las facultades de producir egresados con empleo. Es decir, sabrán qué universidad es buena o mala al margen de las diatribas y propagandas de Mora.

Pero empoderar al ciudadano no es posible sin competencia y solo hay competencia entre las universidades cuando hay inversión privada. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que los egresados de las universidades privadas ya comienzan a desplazar a los de las estatales en las pruebas de suficiencia de los colegios profesionales. Pero las pensiones de estos claustros que destacan son más baratas que cualquier colegio privado en la capital. ¿Por qué? Por la competencia y nada más.

Detrás de los estatismos no solo hay ineficiencia, corrupción, sino una especie de vida privada y otra pública. El congresista Mora se ha pasado vociferando contra la inversión privada en las universidades, hablando de lobbies, exigiendo que los congresistas que trabajan en universidades no participen en el debate de la nueva ley, en fin, demonizando la inversión en educación, y hoy se conoce este oficio “como caso único y particular”. En todo caso, al igual que Cenaida Uribe y Julio Gagó, la Comisión de Ética tendrá que pronunciarse.