Batalla decisiva en el sur

¿Qué hay detrás de las protestas extremistas contra el proyecto minero Tía María?         La izquierda anti-minera ha concentrado todos sus esfuerzos en truncar el proyecto minero Tía María, una inversión de US$1,400 millones que creará en principio 3,500 empleos y que producirá 120,000 toneladas métricas de cobre, generando más ingresos por concepto de canon en favor de los pueblos de la provincia de Islay. Los radicales han convertido esa provincia en un campo de batalla en el que se definirá al parecer el futuro de las inversiones mineras en el Perú, al menos en lo que resta del actual gobierno, y por eso han movilizado a sus principales dirigentes.

Hasta el distrito de Cocachacra, donde se encuentra el proyecto, han llegado en distintos momentos Marco Arana, Wilfredo Saavedra y ahora también el congresista Jorge Rimarrachín, tres protagonistas de la movilización que truncó Conga. Ellos han ido a apoyar a los antimineros locales Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz, y Richard Ale Cruz.

Y detrás de esos caudillos están los mismos grupos anti-mineros: Arana y Gutiérrez pertenecen a Tierra y Dignidad; y De la Cruz y Ale Cruz integran el comité regional “Horacio Zeballos” del Partido Comunista Patria Roja, es decir son hermanos políticos de Gregorio Santos.

La estrategia de ese movimiento esta cantada: Impedir Tía María a cualquier precio, para después hacer lo mismo con el proyecto Las Bambas, en Apurimac, el más importante prospecto cuprífero del país, en el que está de por medio una inversión de US$ 6,031 millones.

El pretexto, como siempre, es la supuesta defensa del ambiente y de las fuentes de agua. Y el verdadero móvil político es impedir que los proyectos extractivos generen más recursos, para desestabilizar así la economía y decir después que “el modelo económico es un fracaso”

Si les preocupara de verdad el ambiente no estarían protestando contra un proyecto minero con tecnología de punta y estudios de impacto ambiental aprobados, sino contra la minería ilegal que contamina vastos territorios arrojando cianuro, mercurio y otros elementos altamente contaminantes, o contra el envenenamiento de los ríos y lagos con toneladas de basura y aguas servidas arrojadas por las ciudades.

De otra parte vemos en Islay la falta de un liderazgo capaz de llegar a esa provincia para persuadir al sector desinformado o confundido sobre los beneficios que trae la minería, como el mejor nivel de vida y la mejor educación pública que existen en las regiones mineras, por ejemplo Tacna y Moquegua. Es una lástima que este gobierno se resista a asumir ese liderazgo.

Pero lo más alentador ha sido la movilización de un sector importante de la población de Islay, que salió a marchar a las calles en apoyo a Tía María. Este sector ha comprendido que las grandes deficiencias en los servicios públicos de salud, educación, seguridad o la falta de infraestructura de riego, vial, etc., es responsabilidad del estado ineficiente que los antimineros defienden y no de la inversión privada, que produce riqueza y empleo.

Los ciudadanos que marcharon en favor de la inversión privada también han entendido que sin ésta es imposible el crecimiento económico que ha reducido la pobreza de 57% a 23% en una década, y también la desigualdad, impulsando así el surgimiento de las nuevas clases medias.

Es igualmente importante que las movilizaciones radicales no han logrado paralizar los trabajos de construcción de la mina, en los que ya se ha invertido US$354 millones, dando empleo a muchas familias de la zona que antes solo podían trabajar como jornaleros agrícolas

¿Qué esperan nuestras fuerzas políticas democráticas para movilizarse en apoyo del pueblo de Islay y enfrentar políticamente a los antimineros? Es difícil, casi imposible, esperar esto del gobierno, pero sí de los partidos políticos que apuestan por la democracia y la economía libre. No podemos dejar solo, abandonado a su suerte, al pueblo de Islay.

26 - Mar - 2015