Bajo el umbral de la censura

Ana Jara debe asumir responsabilidad política por nuevo escándalo Dini.      Cuando el gabinete de Ana Jara parecía haber superado varias tormentas difíciles de remontar, como el hecho que el Legislativo le negara el voto de investidura en dos ocasiones o los anteriores escándalos de seguimientos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el nuevo destape sobre este organismo acerca de que habría alrededor de 100 mil búsquedas sobre propiedades y activos de políticos, empresarios y periodistas, parece un asunto imposible de superar.

En la vida y en la democracia todo tiene un límite. En la democracia peruana por mandato constitucional y por las mejores tradiciones libertarias alguien tendría que asumir la responsabilidad política de todos los despropósitos asumidos por la DINI. En este caso no hay vuelta que dar. No puede ser el jefe de Estado porque, según la Carta Política, no le corresponde. Necesariamente tendría que ser la señora Jara. Quizá por estas consideraciones a la moción de censura que está corriendo en el Legislativo solo le falta algo más de diez votos para efectivizarse.

Cualquier observador externo que analice la evidente colisión entre el Ejecutivo y el Legislativo que parece avecinarse se preguntaría por las razones de fondo que alientan la posible censura del Gabinete y establecería comparaciones con lo que sucede en las democracias donde se ejerce esta extrema sanción legislativa. Considerando que entre la mayoría de la representación parlamentaria no existen grandes diferencias sobre el modelo de sociedad y de economía, la posibilidad de derribar al Gabinete aparece, por decir lo menos, como una curiosidad política.

Sin embargo, de producirse la mencionada censura, de una u otra manera, la democracia peruana estaría padeciendo la resaca de un proyecto autoritario que fue archivado por el rechazo popular. No se puede entender los estropicios de la DINI al margen de un intento de perpetuarse en el poder, tal como parece haber sucedido en las actuales cúspides palaciegas. Esta demás abundar en detalles sobre cómo los autoritarismos de la región usan estos métodos que hoy desencadenan la posibilidad de una censura al Gabinete, para “operar” sobre sus potenciales rivales

El gobierno de Humala, entonces, no solo será recordado cómo la administración en la que se apagó la estrella económica de América Latina, la que envileció el espacio público con la polarización innecesaria, y también como el régimen en el que la virulencia del choque del oficialismo con la oposición llevó a ésta a usar mecanismos constitucionales extremos que solo se emplean en situaciones límite.

En la historia del siglo XX del país, las interrupciones constitucionales siempre han estado asociadas a choques entre el Ejecutivo y el Legislativo que terminaban en censuras de ministros o del consejo ministerial en pleno. En caso de producirse una sanción política como la que comentamos la democracia peruana tendrá que demostrar que ha superado todos los vicios que la enfangaban en la centuria pasada. Es decir, los actores públicos deberán demostrar intransigencia ante cualquier acto al margen de la Constitución. Y si las cosas avanzan en ese sentido, entonces, una hipotética censura ministerial podría convertirse en un acto de madurez democrática. Es decir, una democracia donde se aplica mecanismos constitucionales extremos y que, en vez de debilitarla, la fortalecen, desarrollan una profilaxis para seguir reinventando la libertad.

25 - Mar - 2015