“Asesores” extremistas manipulan conflictos sociales

Los acontecimientos en Las Bambas han demostrado que los “asesores” de tendencia extremistas manipulan el legítimo descontento de las poblaciones frente al fracaso del Estado en redistribuir la renta minera (falta de carreteras, escuelas y postas médicas). En la práctica estos asesores extremistas están dirigiendo el desarrollo de los conflictos. Su influencia es tal que se atreven a sostener que el acuerdo que ha firmado Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba no es real porque falta el pronunciamiento de toda la población.

Por ejemplo,  Jorge Luis Paredes Terry, se autoproclama reemplazante de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo (ambos con detención preventiva), no obstante que ha sido desautorizado por el presidente de la comunidad de Fuerabamba. Paredes, quien ha señalado que Gregorio Rojas “cometió un error” al suscribir el acuerdo, es un activista a tiempo completo del radicalismo marxista, ex asesor del ex congresista humalista Daniel Abugattás y fundador del partido Patria Para Todos, aliado del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), vinculado a Sendero Luminoso. En más de una ocasión, Paredes se ha negado a condenar los crímenes de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán.

Hoy Paredes es aliado muy cercano de Antauro Humala, recluido en prisión por el denominado Andahuaylazo, ocurrido entre el 1 y 4 de enero de 2005. Durante el asalto a la comisaría de Andahuaylas, francotiradores al mando de Humala asesinaron a cuatro policías. El ahora etnocacerista Paredes funge además de “asesor” principal de diversas municipalidades en el Corredor Minero del Sur, que comprende los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cusco, un lugar donde se han establecido los principales dirigente de todos los sectores antimineros y marxistas radicales con el propósito de detener la producción de cobre en el sur, tal como lo hicieron en el norte.

Desde los gobiernos municipales, los “asesores” vinculados a la extrema izquierda pretenden organizar a las comunidades en contra de las actividades mineras. Cerca de la mina Constancia —que opera en los distritos de Velille, Chamaca y Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), se ha establecido el activista antiminero Jaime Borda, asesor del alcalde provincial, Marcos Ibarra Suarez, del Frente Amplio (FA), quien en reiteradas oportunidades ha señalado que “no se pondrá de rodillas frente a las mineras”.

Cuando era subdirector de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani —vinculada al círculo antiminero—, Borda fue el principal azuzador en la provincia de Espinar (Cusco) en contra del proyecto Antapaccay en 2012. El lunes 28 de mayo de ese año, durante un control, la policía detuvo un vehículo de la Vicaría, y encontró a Borda y a otras personas, además de proyectiles de armas de fuego. Borda además es integrante de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, una organización poderosa vinculada al ambientalismo ideológico mundial. Asimismo fue uno de los gestores y asesor de la Central Única de la Macrorregional de Rondas Campesinas del Sur del Perú (Cumarc), liderada por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, del Movimiento de Afirmación Social (MAS). De Santos se sabe ampliamente que durante su gestión convirtió a Cajamarca en la región más pobre el país (más de 50% de la población) y con índices peligrosos de anemia infantil (55% en niños menores de seis años).

Los gobiernos municipales de las zonas mineras están contratando como “asesores” a los principales cuadros de la izquierda antisistema. Es el caso de Óscar Mollohuanca, a quien se le ha visto junto a las autoridades en distintas municipales de la sierra sur. Mollohuanca fue alcalde de la provincia de Espinar (Cusco) durante las manifestaciones violentas de 2012, que dejaron más de cuatro muertos y numerosos heridos, entre ellos policías, y la destrucción de propiedad pública y privada.

En esa oportunidad la violencia se originó después de que el ex alcalde hizo público un informe adulterado, entregado por la ex congresista del humalismo Verónika Mendoza. Mollohuanca usó el informe falso para supuestamente “alertar” a la población sobre el agua contaminada de Espinar y el peligro de muerte por consumirla. Las ONG Amnistía Internacional, Cooperacción y distintas organizaciones del ambientalismo ideológico continúan abogando por Mollohuanca. La sentencia que declaró culpable al ex alcalde por los delitos de disturbios, atentado contra la seguridad común y entorpecimiento de los servicios públicos fue anulada. En mayo pasado, el Poder Judicial ordenó un nuevo proceso. Los peruanos, el Estado y las autoridades, pues, estamos notificados.