Ante la tragedia, ¡Gabinete de Unidad Nacional!

En medio del fracaso del Estado en la contención de la pandemia y de la profundización de una recesión que derrumbará más del 12% del PBI, que destruirá más de 2 millones de empleos y que condenará a tres millones de peruanos más a la pobreza –sumando casi un tercio de la población peruana afectada por esta lacra social– el Ejecutivo desarrolló un amague de colisión con el Congreso. El motivo: el Legislativo exigía que se cumpliera la Constitución en lo que respecta a la relación que se establece entre ambos poderes del Estado.

El presidente del Congreso, Rafael Merino, mediante una carta oficial, invitó al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, a exponer ante el Congreso su política general de gobierno y solicitar la cuestión de confianza, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución. Además, le pidió informar sobre los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Sin embargo, Zevallos respondió que el actual Consejo de Ministros “preexistía al Congreso” de hoy, y que la idea de una sesión presencial debía discutirse con las autoridades de salud. Parecía que al señor Zeballos no le interesaba en absoluto si está cumpliendo o no lo establecido en la Carta Política con respecto al ejercicio de su cargo. 

El mencionado artículo constitucional establece 30 días para que el Gabinete presente su política general ante el Congreso. La pandemia había hecho volar por los aires los plazos, pero lo que no podía hacer el presidente del Consejo de Ministros era pretender seguir ejerciendo el cargo al margen de la Constitución. Tampoco podía argumentar que él podía decidir si una sesión del Legislativo era presencial o no. Existían soluciones. Por ejemplo,  los congresistas y los ministros podrían guardar las distancias sanitarias si sesionaran en los dos hemiciclos (Diputados y Senado), comunicándose a través de teleconferencia.

Felizmente, como se dice, la sangre no llegó al río. Zeballos, finalmente, aceptó cumplir con la Constitución y asistir a la convocatoria del Legislativo.

Si bien los temas formales son el fondo y la forma en la relación entre los poderes, la realidad detrás del escenario del amague de colisión de poderes que se escenifica era el fracaso del Ejecutivo en la contención de la pandemia del Covid-19. Un fracaso que se expresa en la explosión de las infecciones y la discusión sobre el número real de muertes causadas por la pandemia. Y otro tema que arde es la evidente imprevisión del Ejecutivo, que no compró a tiempo pruebas moleculares, equipos de protección especial ni respiradores, no obstante que los recursos fiscales sobraban. Si a este escenario le agregamos el hecho de que la prolongación de la cuarentena ha profundizado innecesariamente la recesión, el desempleo y la pobreza, es incuestionable que no habría Gabinete que se presente ante el Congreso y logre salir airoso, por decir lo menos.

El asunto es más grave de lo que parece y, al margen de los arrebatos y la histeria populista de algunos congresistas –que pretenden adelantar el cronograma de las elecciones con propuestas controlistas y gestos para las tribunas– no cabe duda de que el Legislativo tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución y fiscalizar la política de gobierno.

En esta suma de adversidades, el fracaso en la contención de la pandemia, el desarrollo de una recesión devastadora, y una posible colisión Ejecutivo-Legislativo en curso, es una verdad del tamaño de un planeta que el Gabinete Zeballos debería ser relevado por el presidente Vizcarra, como una manera de buscar un nuevo momento político en medio de esta tragedia nacional que durará todo el 2020 y parte del 2021.

Si el jefe de Estado decidiera ejercer su papel de personificar a la Nación debería estar en condiciones de convocar a un Gabinete que exprese a todas las corrientes del país y se proponga contener la pandemia y reactivar la economía para evitar que millones de peruanos sigan sumándose a las masas empobrecidas. No puede ser que un país que mantuvo una disciplina macroeconómica de tres décadas –convirtiéndose en una sociedad de ingreso medio, con mejor posición fiscal en América Latina para enfrentar al Covid-19 y el derrumbe económico– se empantane en una colisión de poderes que se origina en el intento de desconocer el mandato de la Constitución.

Desde el inicio de la pandemia lo hemos dicho en diversas ocasiones. Únicamente una mente alunada, que ha perdido empatía con la realidad de los pobres, podría querer el fracaso de la administración Vizcarra frente a la pandemia, a sabiendas de que las muertes y las desgracias las cargarían nuestros ancianos, nuestros pobres y nuestros desvalidos. Hoy lo volvemos a decir, solo una mente retorcida podría querer el fracaso del Ejecutivo a sabiendas de que la tragedia se prolongaría todo el 2020 y el 2021. Sin embargo, hoy decimos con firmeza que la única manera de evitar el fracaso es convocar a un Gabinete de Unidad Nacional. No hay otra.