Amenazas y financiamiento en violencia antiminera

Los pobladores de las zonas mineras han comenzado a desenmascarar las prácticas de los activistas antimineros. En Cajamarca, fuentes allegadas a las rondas campesinas afirman que el ex alcalde de Hualgayoc, Eddy Benavides Ruiz, vinculado al movimiento antiminero, es el alcalde más corrupto que han tenido. Ha sido denunciado en la Fiscalía por recibir S/ 100,000 de los proveedores de la municipalidad.

En Apurímac, un colaborador eficaz ha servido para confirmar los actos criminales de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores de los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba (distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac), lugar donde se desarrolla el proyecto Las Bambas, uno de los más importantes el país. Según estas informaciones, el colaborador de la Fiscalía ha sido amenazado con ser quemado vivo por los Chávez. Obispo Huamaní, ex dirigente de la misma comunidad de Fuerabamba, ha denunciado que él y otros 120 ex dirigentes son tildados de traidores por la nueva dirigencia y hostigados permanentemente, ellos y sus familiares.

Cuentan los pobladores que los “manifestantes”, para mantenerse firmes bloqueando las vías públicas, son remunerados por los días, semanas y hasta meses que dejan de trabajar en sus actividades habituales. Para los pobladores que han perdido el temor de ser amenazados, está claro de dónde provienen los recursos económicos para subvencionar todos los gastos necesarios para una manifestación violenta. “Organizar un bloqueo de carretera o una protesta es una inversión para los dirigentes y asesores, por los ganancias que recibirán después”, señalan los vecinos que se resisten a ser amedrentados por los piquetes de antimineros que se concentran en el sur. Muchos de estos dirigentes antimineros son desconocidos en el lugar, porque vienen de otros lados del país.

Representantes de la minera china Minerals & Metals Group (MMG), concesionaria de Las Bambas, han señalado que en reiteradas oportunidades plantearon a los dirigentes comunales, la ejecución de proyectos de desarrollo social y económico para los poblados. Sin embargo, los dirigentes radicales se han negado a dialogar y rechazan proyectos en educación, salud y medio ambiente, así como emprendimientos económicos para reducir la pobreza y generar mayor bienestar en la población. Los dirigentes, por consejo de sus asesores —quienes ganan un porcentaje de “éxito” por las negociaciones para terminar con los conflictos—, solo insisten en compensaciones económicas y nada más. Esa es la razón del bloqueo de la carretera: dinero en efectivo para las dirigencias.

En la semana pasada, el alcalde de la municipalidad provincial de Islay (Arequipa), Edgar Rivera, señaló enfáticamente que a él “nadie lo va a manipular”, respondiendo a los autodenominados dirigentes que están en contra del proyecto cuprífero Tía María. Con firmeza, el alcalde Rivera ha marcado distancia de quienes pretenden detener la producción de cobre, diciendo que es una falta de respeto por parte de los “dirigentes que quieren confundir a la población”.

Aldo Aranzaens, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, señaló que su gremio tiene encuestas que indican que la mayor parte de la población en la provincia de Islay está de acuerdo con la ejecución del proyecto de cobre Tía María. Para Aranzaens, el proyecto de cobre elevará la producción de la región y generará más puestos de trabajo. “La economía de Arequipa crecía casi el doble del promedio nacional; sin embargo, hasta el año pasado solo crecimos en 2.5%”, declaró el dirigente de la Cámara de Comercio. Para el ex viceministro del sector Energía y Minas (MEM), Guillermo Shinno, “si Tía María no se da, sería una mala imagen del país ante los inversionistas”. ¿Por qué, entonces, los proyectos mineros del sur, como Las Bambas y Tía María, son atacados y detenidos si existe la predisposición de la población y de las autoridades para seguir adelante?

Por los acontecimientos recientes en la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) y las declaraciones de los pobladores y ex dirigentes, ahora se sabe que cada manifestación pública es “una inversión” de mucho dinero. Personas interesadas pagan la movilidad de los vehículos que sirven para desplazar a los pobladores al lugar de la manifestación. La preparación de las “ollas comunes” tiene un costo a cargo de un dirigente o “inversionista”, quien trata de proteger intereses propios. Estos inversionistas se unen a la protestas con la intención de liquidar a su competencia, obteniendo ventajas comerciales de los dirigentes. Claro está, que las dirigencias antimineras están también financiadas por las ONG del ambientalismo ideológico, que obedecen a intereses económicos del exterior.

Los relatos sobre contaminación, temas laborales y desentendimientos entre las empresa y las comunidades son todos falsos. Lo real son los intereses de personas inescrupulosas que timan a los comuneros y al país.