Editorial Política

¡Al Perú le falta un Milei hacia el 2026!

Para reducir ministerios y devolver recursos a la sociedad y a los privados

¡Al Perú le falta un Milei hacia el 2026!
  • 19 de marzo del 2024

 

Parece evidente que el gobierno de la señora Dina Boluarte avanza hacia el 2026 en medio de graves tensiones institucionales y una economía que crece a tasas bajas, sin mayores posibilidades de reducir la pobreza. Por su parte, en el Congreso la mayoría legislativa, conformada por las bancadas del centro derecha, avanza en la reforma del sistema político electoral (bicameralidad, derogatoria de la barbarie que prohibía la reelección congresal) y en desmontar otras normas que organizaron el control progresista de la sociedad y terminaron en el encumbramiento de la tragedia de Pedro Castillo. Al menos hasta ahora, no existe fuerza que amenace esta precaria estabilidad.

Sin embargo, todavía no aparece la propuesta electoral que trace un camino diferente, como si todos esperaran reeditar el escenario de polarización de las últimas tres elecciones nacionales, y que finalmente encumbró al poder a Pedro Castillo. Y el hecho de que no aparezca una alternativa viable genera la sensación de que el país se empantana y comienza a involucionar económica y políticamente.

Sin embargo, ¿de qué hablamos cuando señalamos la falta de una alternativa? No hablamos de candidaturas electorales en sentido estricto, sino de una nueva agenda para el país. Si observamos los pronunciamientos de los virtuales candidatos, de los congresistas, de los alcaldes, políticos y actores del espacio público, de una u otra manera, en mayor o menor grado, todos ellos reproducen los discursos de las últimas dos décadas: “defensa de los trabajadores y los pobres”, no obstante que estas narrativas solo han detenido la lucha contra la pobreza; y “luchar contra la corrupción”, a pesar de que, a medida de que se intensificaba esa supuesta “lucha”, se incrementaban la judicialización de la política y la propia corrupción, hasta llegar al paroxismo de Castillo y la realidad de hoy.

Todos los candidatos y actores públicos tienen ese tic y ese tufillo populista que evita analizar la causa de todos nuestros males: el fracaso del Estado y el desdén frente al papel del sector privado en las últimas tres décadas. Es decir, el desdén frente a lo único que explica que el Perú no se haya disuelto como sociedad.

Muy por el contrario, los políticos y los actores de la vida pública suelen demonizar al sector privado, culpándolo de todos los males del país y olvidando la responsabilidad del Estado. Si hoy en el Perú faltan carreteras, agua potable, alcantarillado, escuelas, postas médicas y electricidad es por la directa responsabilidad de un Estado que maneja recursos como nunca antes en la historia republicana. De un PBI aproximadamente de US$ 240,000 millones, el gasto en el gobierno central, los gobiernos subnacionales y las empresas públicas representa alrededor de un tercio. Una cantidad exorbitante para una sociedad de ingreso medio.

Pero no solo se trata del gasto estatal, sino también de que el crecimiento del Estado se ha desarrollado con una sobrerregulación y burocratización extrema del Estado, a tal punto que se ha detenido el capitalismo peruano, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza.

Por todas estas consideraciones, la ausencia de una propuesta a lo Javier Milei a la peruana es una de las causas de la crisis nacional, una de las explicaciones de la ausencia de una alternativa nacional. Hoy, por ejemplo, existen 18 ministerios en el Ejecutivo, algunos de los cuales solo sirven para alimentar a una burocracia dorada que se dedica a predicar la ideología de género y a defender discursos y narrativas que inventan la realidad, o a crear supuestos pueblos originarios para destruir el sistema de la democracia representativa.

Todas estas fábulas progresistas prosperaran extrayendo recursos del sector privado y la sociedad; es decir, deteniendo el crecimiento y la creación de empleo. Una propuesta a lo Milei propondría reducir los ministerios a la mitad, simplificar los trámites en ventanillas únicas y eliminar tal cantidad de gasto estatal que la reforma tributaria y del Estado serían absolutamente posibles.

  • 19 de marzo del 2024

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