La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El gobierno parece decidido a enmendar rumbo a favor de la inversión
La aprobación definitiva del emprendimiento minero Tía María por el gobierno contribuirá decisivamente a mejorar el clima de inversión, porque dicho proyecto, que fue paralizado tres años atrás, es una clara expresión de cómo el Estado y la sociedad se volvieron indolentes ante la acción del radicalismo ecológico que, con el pretexto de defender el medio ambiente, apunta con absoluta claridad a cambiar el modelo económico mediante la paralización de las inversiones en recursos naturales. La desaceleración económica es una primera victoria de estos extremismos.
El anuncio coincide, además, con otras señales positivas para el clima de inversión, como la voluntad de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, de concertar con la oposición -dejando atrás la beligerancia del gobierno-, de respetar la institucionalidad democrática frente a las intromisiones ajenas en el Ejecutivo y de señalar que una eventual candidatura de Nadine Heredia no está permitida por la ley electoral. Soplan, pues, buenos vientos a favor de la gobernabilidad y la lucha contra la desaceleración, que se proponen restablecer la confianza de los inversionistas.
El proyecto Tía María representará una inversión de US$ 1,400 millones de dólares, empleará 3,500 trabajadores en la etapa de construcción y 764 en el proceso de operación. Aparte, claro está de los miles de empleos indirectos que generará. Se estima que producirá 120 mil toneladas de cobre y junto a los demás proyectos mineros que entrarán en operaciones le permitirá al país recuperar su lugar en la producción global del cobre. Los especialistas han sostenido que si el Perú hubiese desarrollado todo su potencial continuaría siendo el segundo productor mundial de cobre. No habría sido desplazado por China de esta posición.
El nuevo Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ubicado en Cocachacra, provincia de Islay, solo contempla la desalinización de agua de mar con el objeto de quitarle banderas al ecologismo radical, que señalaba que usar agua de río y de pozos iba a terminar con la agricultura, y ha cumplido todos procedimientos de participación ciudadana. Además cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Agricultura, de la Autoridad Nacional del Agua, de la Dirección General de Salud y de la Marina de Guerra del Perú. Es decir, ha cumplido con todos los requisitos que demanda el Estado de derecho a los emprendimientos mineros.
La manera cómo se detuvo el proyecto Tía María debe ser motivo de una honda reflexión para el país. En primer lugar, se debe tener absoluta consciencia de que el ecologismo radical no defiende el medio ambiente, sino -como cualquier programa marxista- se propone instaurar un modelo estatista en vez de la economía abierta que nos ha permitido crecer y reducir la pobreza sin precedentes. Por ejemplo, el 2011, la minera Southern Perú Copper Corporation presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que contemplaba tres opciones para abastecerse de agua: Tomar el recurso del río, perforar pozos o desalinizar agua de mar. Tres años después, el gobierno actual ha aprobado el EIA con la tercera opción. Algo que pudo haberse hecho el mismo 2011 si hubiese existido buena voluntad.
Igual como sucedió antes en Tambo Grande y después en Conga, en marzo y abril del 2011, los falsos ambientalistas engañaron a los agricultores de Islay haciéndoles creer que Tía María los dejaría sin agua, y bajo la consigna “agro sí, minería no” azuzaron protestas violentas que duraron 17 días y dejaron tres muertos. Aquella mentira se impuso por la incapacidad del Estado para confrontar a los radicales y desbaratar sus falacias. Lo cierto es que la minería moderna utiliza apenas el 1% del agua disponible y además la recicla y devuelve limpia a su curso natural.
La violencia se desató en marzo de ese año porque los ecologistas radicales utilizaron un informe privado del organismo ambiental de Naciones Unidas que advertía que la opción de los pozos podría afectar las fuentes de agua de la agricultura. Esta observación ya había sido levantada y Southern había aceptado usar agua de mar, pero la fuerte desinformación extremista y la falta de autoridad y de decisión política del gobierno truncaron el proyecto. El gobierno anterior aplazó por seis meses la aprobación del EIA, y el actual hizo lo mismo durante tres años.
La mejor prueba de que el ecologismo radical no busca preservar el medio ambiente son los nuevos argumentos que ahora agita contra el proyecto. Como ya no tiene posibilidad de plantear “la defensa del agua” ahora arguye que las explosiones en la construcción de la mina llenarán de polvo la producción agrícola. !Vaya! El Perú y los arequipeños no pueden bajar la guardia ante seudo ecologistas que pretenden desarrollar campañas electorales agitando contra la inversión.
En el 2011, la violencia estalló en el marco de una huelga convocada por el Frente de Defensa del Valle de Tambo (FDVT) cuyos dirigentes hicieron suyo el discurso ecologista radical anti modelo económico. En apoyo al FDVT acudieron a Islay todos los grupos antimineros unidos bajo las banderas del falso ambientalismo: Tierra y Libertad, Patria Roja, Conacami, Coordinadora de Derechos Humanos, etc., con el único propósito de impedir Tía María, y lo consiguieron. El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, jugó un papel negativo y llegó al extremo de emitir una resolución que, usurpando atribuciones del Ejecutivo, suspendió las actividades mineras en la provincia de Islay. El desenlace de esta crisis abrió las compuertas para que después se truncaran otros proyectos mineros y se dañara la confianza de los inversionistas, con los graves perjuicios económicos que vemos hoy y que se expresan en menos oportunidades de empleo para los pobres. De allí la trascendencia de la decisión política de darle luz verde a Tía María. La aplaudimos e instamos al gobierno a que mantenga el rumbo correcto. Ahora, con la misma claridad y decisión, pongamos en marcha Conga.
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